La vivienda en Alicante ya no es un derecho: es una batalla diaria. Un millar de personas marchó este sábado bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’. Jóvenes, familias y trabajadores denunciaron desahucios, alquileres insostenibles y la conversión de barrios en zonas turísticas. La protesta cruzó el centro de la ciudad, desde Manila hasta Puerta del Mar, exigiendo políticas reales y urgentes.
¿Por qué los jóvenes de Alicante no pueden independizarse?
La crisis habitacional en Alicante ha roto el ciclo vital de una generación. Jóvenes de 20 a 30 años no acceden a alquileres estables. Los salarios no cubren ni el 40 % de los precios actuales. Muchos viven en pisos compartidos con condiciones precarias o dependen de sus familias. La falta de vivienda asequible no es un obstáculo: es una barrera estructural.
El efecto dominó del turismo residencial
La presión turística ha transformado barrios enteros. En Carolinas y Zona Norte, el 62 % de los inmuebles nuevos se destina a alquiler vacacional. Esto reduce la oferta para residentes y dispara los precios. Los propietarios prefieren rentabilizar con plataformas digitales antes que alquilar a largo plazo.
¿Cómo ha evolucionado el alquiler en Alicante desde la pandemia?
Los datos son contundentes: en algunos barrios, los precios de alquiler subieron más del 80 % desde 2020. En la Zona Norte, el alquiler medio de un piso de 60 m² supera los 950 €/mes. En Carolinas, el aumento fue del 87 % en tres años. Esto supera con creces la inflación y los incrementos salariales.
La brecha entre ingresos y coste de la vivienda
El salario medio en Alicante ronda los 1.650 € brutos mensuales. Para alquilar legalmente, se exige habitualmente tres meses de fianza y un aval bancario. El 73 % de los jóvenes no cumplen estos requisitos. La consecuencia: exclusión del mercado formal y caída en la economía sumergida.
¿Qué dice la ley frente a la mercantilización de la vivienda?
El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española y en la Ley de Vivienda de 2023. Sin embargo, su aplicación en Alicante es débil. No existen medidas efectivas de control de precios ni sanciones reales a los propietarios que incumplen la normativa de alquileres turísticos. La Junta de Comunidades de Valencia no ha activado los mecanismos de intervención previstos en la ley estatal.
El vacío regulatorio local
El Ayuntamiento de Alicante carece de un plan municipal de vivienda vinculante. No hay suelo público destinado a VPO desde 2021. Tampoco se aplica el impuesto sobre viviendas vacías, pese a que el 18,4 % de los inmuebles del centro están desocupados más de 12 meses.
¿Cuál es el impacto económico real de la crisis habitacional?
La falta de vivienda asequible frena la economía local. Empresas de Alicante reportan una tasa de rotación del 32 % en empleados jóvenes por imposibilidad de alojamiento. El sector turístico gana, pero el comercio de proximidad pierde: el 41 % de los pequeños comercios en Carolinas cerró entre 2022 y 2025. La vivienda no es solo un problema social: es un factor de desinversión y estancamiento productivo.
Datos Clave
- Más del 80 % de subida en alquileres en barrios como Carolinas desde 2020
- 1.000 personas participaron en la manifestación del 6 de junio de 2026
- El 62 % de los nuevos inmuebles en Zona Norte se destina a alquiler turístico
- El 73 % de los jóvenes no puede acceder a alquileres formales por requisitos bancarios
- El 18,4 % de los inmuebles del centro de Alicante están vacíos más de un año
La crisis de la vivienda en Alicante no es coyuntural. Es sistémica. Combina presión turística, ausencia de regulación, debilidad institucional y desigualdad salarial. Sin intervención urgente en precios, suelo público y control de usos, la expulsión de residentes seguirá acelerándose. La vivienda no es mercancía: es condición para la vida digna.
