Roberto Sánchez es el candidato presidencial de Juntos por el Perú en las elecciones generales de 2026. Con una formación en psicología, experiencia legislativa y ministerial, y un discurso centrado en la justicia social, su candidatura representa una alternativa de centroizquierda en un escenario político fragmentado. Su perfil combina activismo comunitario, crítica al poder económico y una postura clara sobre la reinserción democrática tras la crisis de 2022.
¿Quién es Roberto Sánchez y cuál es su trayectoria política?
Roberto Sánchez nació en Huaral, provincia de la región Lima, en 1969. Hijo de un peluquero y una lavandera, ambos originarios de zonas rurales, su infancia estuvo marcada por la precariedad y la fe activa. Inicialmente ingresó a un seminario, influenciado por la Teología de la Liberación, pero cambió su rumbo hacia la psicología.
Trabajó con personas afectadas por el VIH, lo que fortaleció su compromiso con los sectores marginados. En 2007, se incorporó a la política. Fue cofundador de Juntos por el Perú en 2008. Su primer cargo de elección popular llegó en 2021, tras la victoria de Pedro Castillo.
Ministro leal y ruptura ética
Sánchez fue el único ministro que permaneció en el gabinete desde el primer día hasta el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022. Su renuncia —el llamado portazo— fue una decisión ética frente al intento de autogolpe. No avaló la ruptura constitucional, pero tampoco se sumó al linchamiento mediático contra Castillo.
¿Qué representa su candidatura en el contexto actual del Perú?
El Perú atraviesa su quinta crisis constitucional en ocho años. La desconfianza en las instituciones es generalizada. Sánchez capitaliza ese vacío con un discurso que vincula pobreza estructural, extractivismo sin control y concentración de poder.
Su campaña no evita el símbolo del sombrero de paja, usado por Castillo. Lo reivindica como emblema de identidad popular, no como adhesión personal. En Cajamarca, donde opera la mina de oro Yanacocha, denunció la paradoja: riqueza minera y pobreza social. Ese contraste define su diagnóstico del país.
El giro económico: más allá del discurso antioligarquía
Sánchez propone una reforma tributaria progresiva, con impuestos especiales a la gran minería y la agroexportación. También impulsa la renegociación de contratos extractivos, exigiendo mayores regalías y participación local en decisiones ambientales. Su plan incluye un fondo soberano de recursos naturales, gestionado con transparencia y control ciudadano.
¿Cuál es su postura sobre la justicia y los derechos humanos?
Sánchez defiende el indulto humanitario para Pedro Castillo, argumentando que su proceso judicial careció de garantías. No lo hace desde la impunidad, sino desde la exigencia de debido proceso y la crítica al uso político de la justicia.
También propone reformar el Consejo Nacional de la Magistratura para garantizar su independencia. Su plan incluye la creación de fiscalías especializadas en corrupción política, con mandatos renovables y evaluación pública de desempeño.
Datos Clave
- Nació en Huaral, 1969. Formación en psicología y activismo comunitario.
- Fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo.
- Renunció al gabinete en diciembre de 2022 tras el intento de disolución del Congreso.
- Su campaña usa el sombrero de paja como símbolo de identidad popular y resistencia al elitismo.
- Propone una reforma tributaria progresiva, con impuestos especiales a la gran minería y la agroexportación.
- Aboga por un indulto humanitario para Pedro Castillo y reforma del sistema de nombramiento de jueces.
¿Qué implica su candidatura para la economía peruana?
El Perú depende del 60 % de sus exportaciones de recursos naturales. Sánchez no propone la salida de las empresas mineras, sino su reordenamiento contractual y fiscal. Su modelo busca equilibrar inversión extranjera con soberanía nacional y redistribución.
Desde el punto de vista legal, sus propuestas se alinean con la Constitución de 1993, especialmente con los artículos sobre propiedad estatal de recursos naturales y el deber del Estado de promover el desarrollo equitativo. Sin embargo, su implementación exigiría reformas legislativas y consensos que hoy son escasos en un Congreso fragmentado.
El marco práctico: ¿es viable su agenda?
Su plan requiere una mayoría legislativa que no tiene. Por eso prioriza decretos de urgencia con sustento técnico, alianzas con gobiernos regionales y mecanismos de participación ciudadana vinculantes. También apuesta por la presión internacional para exigir estándares ambientales y laborales a las transnacionales mineras.
La tridimensionalidad de su propuesta es clara: contexto político (crisis institucional), impacto económico (reforma fiscal y contractual) y marco legal (reforma del sistema de justicia y garantías constitucionales). No es una alternativa populista, sino una propuesta técnica con raíz ética y social.
