La reciente sesión del pleno municipal en Alicante ha estado marcada por una intensa controversia que ha puesto de manifiesto las tensiones políticas y lingüísticas en la ciudad. La reunión, que se celebró el jueves, comenzó con un episodio inusual que involucró al concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, quien se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor. A pesar de su situación, el edil se negó a abandonar el salón de plenos cuando el alcalde, Luis Barcala, le indicó que no podía participar en la sesión. Este enfrentamiento llevó a la suspensión temporal del pleno, generando un ambiente de tensión y debate entre los diferentes grupos políticos presentes.
La controversia no solo se limitó a la participación de Copé, sino que también se centró en la propuesta de Vox, respaldada por el Partido Popular, que busca que Alicante deje de ser considerada una zona de predominio lingüístico valenciano. Esta iniciativa provocó una fuerte respuesta de la comunidad, con más de doscientas personas manifestándose frente al Ayuntamiento bajo el lema «Alacant, pel valencià». La situación se complicó aún más cuando la Policía Local recibió instrucciones de restringir el acceso al edificio a quienes apoyaban la concentración, lo que generó críticas sobre la falta de acceso a la información y la transparencia en el proceso.
La propuesta de Vox, que ha sido presentada en varias ocasiones anteriores sin éxito, ha reavivado el debate sobre la identidad lingüística de Alicante. Durante el pleno, diferentes colectivos intervinieron para defender la importancia del valenciano en la cultura local. Marisol Pinilla Macías, de Escola Valenciana, destacó la riqueza de los nombres en valenciano que forman parte del paisaje urbano de Alicante, mientras que Ana Esteve, docente de la Universidad de Alicante, subrayó la necesidad de integrar a la inmigración en la lengua local para fomentar una convivencia más armónica.
El debate sobre el uso del valenciano en Alicante no es nuevo, pero ha cobrado una relevancia particular en el contexto político actual, donde la polarización entre los partidos de izquierda y derecha se ha intensificado. La izquierda, representada por EU-Podemos y Compromís, ha defendido la lengua como un elemento esencial de la identidad alicantina, mientras que el PP y Vox han argumentado que la promoción del valenciano es una forma de imposición que debe ser rechazada.
En medio de esta disputa, el pleno continuó con otros temas de interés, como la regulación de los vehículos turísticos, donde se discutió la proliferación de tuk tuks y su impacto en el transporte público de la ciudad. El PSOE solicitó la creación de una ordenanza para regular estos vehículos, un tema que también fue respaldado por Compromís y Vox, evidenciando que, a pesar de las diferencias políticas, hay áreas de consenso que pueden ser abordadas de manera conjunta.
La sesión culminó con un debate sobre la necesidad de abordar el problema del acceso a la vivienda en Alicante, donde se planteó la posibilidad de declarar la ciudad como un área tensionada. Esta propuesta fue rechazada por el pleno, lo que llevó a la salida de los concejales de la izquierda en señal de protesta. La situación refleja la creciente frustración entre los partidos de oposición ante lo que consideran una falta de atención a los problemas sociales más apremiantes de la ciudad.
La jornada del pleno no solo ha puesto de relieve las divisiones políticas en Alicante, sino que también ha evidenciado la lucha por la identidad lingüística en una ciudad que ha sido históricamente valencianoparlante. La respuesta de la comunidad y la participación activa de diferentes colectivos son un indicativo de que el debate sobre el valenciano y su lugar en la sociedad alicantina seguirá siendo un tema candente en el futuro cercano. La tensión entre la defensa de la lengua y las propuestas de cambio por parte de la derecha marcarán el rumbo político de Alicante en los próximos meses, mientras los ciudadanos continúan expresando sus opiniones y defendiendo su identidad cultural.
