El Ayuntamiento de Alicante ha recibido 27 propuestas de 19 empresas y entidades para impulsar dos proyectos de inteligencia artificial con impacto directo en ciudadanos y empleadores. Ambos forman parte de su estrategia de Compra Pública de Innovación (CPI), un mecanismo clave para acelerar la transformación digital de los servicios públicos sin sacrificar rigor técnico ni transparencia legal.
¿Qué son los proyectos de IA impulsados por el Ayuntamiento de Alicante?
El consistorio ha lanzado dos retos independientes bajo el marco de Consulta Preliminar al Mercado (CPM). El primero busca convertir el portal municipal de empleo en una plataforma inteligente con análisis predictivo y automatización de procesos. El segundo apunta a desarrollar un sistema de inteligencia artificial generativa que reformule documentos administrativos en lenguaje claro, manteniendo su validez jurídica.
Estas iniciativas no sustituyen a los funcionarios. Refuerzan su labor con herramientas que reducen carga burocrática y mejoran la accesibilidad de los servicios.
¿Cómo se integra la Compra Pública de Innovación en la estrategia municipal?
La Compra Pública de Innovación (CPI) es un instrumento legal regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Permite a las administraciones adquirir soluciones tecnológicas que aún no están comercializadas a gran escala, siempre que se cumplan criterios de madurez técnica y viabilidad económica.
En Alicante, la CPI se aplica con enfoque tridimensional: técnico (evaluación de prototipos), económico (presupuesto ajustado a valor público) y legal (cumplimiento de normativa de transparencia y protección de datos).
¿Qué papel juega la Consulta Preliminar al Mercado (CPM)?
La CPM no es una licitación. Es una fase previa obligatoria que permite al Ayuntamiento explorar el ecosistema tecnológico antes de redactar los pliegos. Así evita soluciones obsoletas, identifica sinergias con universidades y ajusta los requisitos técnicos a la realidad del mercado.
¿Qué garantiza la validez jurídica de los documentos simplificados?
El sistema de lenguaje claro no reemplaza los textos oficiales. Genera versiones complementarias, siempre vinculadas al documento original. Cada versión incluye un sello digital que certifica su origen y coherencia con la norma. Esto cumple con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
Datos Clave
- Se recibieron 27 propuestas de 19 entidades (empresas, consorcios y centros de investigación)
- El proyecto de empleo tiene un presupuesto estimado entre 400.000 y 750.000 euros
- El proyecto de lenguaje claro se enmarca en la estrategia de mejora de la usabilidad administrativa
- Ambos se ejecutarán mediante procedimientos abiertos bajo la figura de Compra Pública de Tecnología Innovadora
- La plataforma de empleo integrará análisis predictivo y automatización de procesos con empresas
- El sistema de documentos claros complementa al asistente virtual municipal ALI
¿Cuál es el impacto económico y social real de estas iniciativas?
Estos proyectos no son experimentos aislados. Generan valor económico mediante la reducción de tiempos de intermediación laboral y la disminución de errores en la tramitación administrativa. Según estimaciones preliminares, la plataforma de empleo podría acortar en un 30 % el tiempo medio de inserción laboral en perfiles técnicos y de atención al público.
Socialmente, la simplificación lingüística amplía el acceso a derechos para personas mayores, migrantes y personas con baja alfabetización digital. Es una medida concreta de inclusión administrativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El marco legal exige que ambas soluciones pasen por auditorías de sesgo algorítmico y evaluaciones de impacto en protección de datos. Ninguna herramienta entrará en producción sin certificación de conformidad con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act).
