El Ayuntamiento de Alicante no ha presentado oficialmente al Pleno la liquidación presupuestaria de 2025, pese a que el Interventor municipal concluyó su informe fiscalizador en junio de 2026. Este retraso afecta la rendición de cuentas, la evaluación de la gestión económica y el cumplimiento de la regla de gasto. Los datos macroeconómicos ya están en la base de datos del Ministerio de Hacienda, pero faltan los detalles operativos esenciales para la fiscalización democrática.
¿Por qué no se ha presentado la liquidación presupuestaria de 2025?
El plazo legal para entregar la liquidación al Pleno venció a principios de junio. La Intervención municipal ya emitió su informe, pero el equipo de gobierno del PP, liderado por Luis Barcala, no lo ha remitido formalmente a la Corporación. El PSOE denuncia que esto impide analizar el grado de ejecución real del presupuesto, el destino de los fondos y el estado de solvencia del Consistorio.
El retraso no es técnico: es político
No hay justificación contable ni administrativa para la demora. El Ministerio de Hacienda ya dispone de los datos consolidados. El problema radica en la falta de voluntad para someter a escrutinio público las decisiones de gasto, especialmente tras el escándalo de Les Naus, que ha generado presión ciudadana y judicial sobre la gestión urbanística.
¿Qué implica legalmente no presentar la liquidación a tiempo?
El incumplimiento del plazo de presentación vulnera la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley General Presupuestaria. Estas normas exigen que la liquidación se someta a la aprobación del Pleno dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. El retraso puede derivar en responsabilidades contables para el alcalde y el Interventor, además de limitar la capacidad del Ayuntamiento para acceder a fondos estatales o europeos.
El marco legal exige transparencia, no discrecionalidad
La transparencia activa no es opcional: es un deber jurídico. La publicación en la base de datos del Ministerio no sustituye la entrega formal al Pleno. Sin el expediente íntegro, los concejales carecen de herramientas para ejercer el control democrático. Esto debilita la gobernanza local y erosiona la confianza ciudadana.
¿Cuál es el impacto económico del retraso?
La falta de liquidación aprobada impide cerrar el ciclo financiero del ejercicio 2025. Esto afecta la planificación del presupuesto 2027, la negociación con entidades financieras y la evaluación de la situación de tesorería. Además, el Ayuntamiento no puede certificar su cumplimiento de la regla de gasto ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría desencadenar una auditoría extraordinaria.
El escándalo de Les Naus agrava la presión financiera
El caso urbanístico ha generado demandas civiles y penales. Si se confirma una mala gestión en la concesión de licencias, el Consistorio podría enfrentar indemnizaciones millonarias. Sin una liquidación clara, es imposible cuantificar el riesgo patrimonial real.
¿Qué datos clave faltan para evaluar la gestión económica?
- El grado de ejecución real del presupuesto por capítulo y sección (no solo los totales macro).
- El estado de los créditos extraordinarios y su justificación técnica.
- El nivel de ejecución de inversiones reales, especialmente en infraestructuras y servicios sociales.
- El saldo de la cuenta corriente del Ayuntamiento, incluyendo deudas con proveedores y anticipos a entidades locales.
- La evolución del índice de morosidad y su impacto en la liquidez municipal.
Datos Clave:
- La liquidación presupuestaria es obligatoria y debe presentarse al Pleno en tres meses tras el cierre del ejercicio.
- El Ministerio de Hacienda ya tiene los datos consolidados, pero el Ayuntamiento no ha entregado el expediente íntegro.
- El retraso se vincula con el escándalo de Les Naus, que ha generado presión política y judicial.
- No presentar la liquidación puede impedir el acceso a fondos europeos y activar auditorías del Tribunal de Cuentas.
- La falta de transparencia afecta la gobernanza local, la planificación financiera y la confianza ciudadana.
¿Qué dice la tridimensionalidad del caso?
En el contexto actual, el retraso refleja una crisis de liderazgo y una gestión opaca en un momento de alta exigencia ciudadana. Económicamente, paraliza la planificación estratégica y expone al Ayuntamiento a riesgos fiscales y patrimoniales. Desde el marco legal, constituye una infracción sancionable que afecta la responsabilidad contable del alcalde y la validez de futuras cuentas. La transparencia no es un gesto: es un requisito para la estabilidad institucional y la sostenibilidad financiera.
