La comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas ha activado un nuevo nivel de presión tras el incumplimiento del plazo para entregar documentación clave. El gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, recibió un requerimiento formal con advertencia de responsabilidades legales. La falta de entrega afecta directamente la reconstrucción de la cadena de decisiones, la transparencia en la adjudicación y el cumplimiento de la normativa cooperativa y de vivienda protegida.
¿Qué documentación exige la comisión de Les Naus?
La comisión solicitó archivos estructurales y operativos esenciales para verificar la legalidad del proceso. Entre ellos figuran los actos fundacionales de la cooperativa, su inscripción registral y el listado inicial de cooperativistas, junto con todas sus modificaciones posteriores. Cada cambio debe incluir fecha de inscripción y motivación explícita.
Documentación vinculada a la licitación y supervisión
Se exigió también la documentación presentada para concurrir a la licitación pública, los informes remitidos a la Conselleria de Vivienda, y el detalle de funcionarios o asesores que intervinieron en la revisión de expedientes. Esto permite evaluar posibles conflictos de interés y cumplimiento del principio de transparencia administrativa.
¿Por qué es clave el listado de cooperativistas de Residencial Viride?
La comisión solicitó copia del listado de la promoción Residencial Viride, desarrollada por la misma gestora en el PAU 5 de San Juan. Este dato permite cruzar perfiles, identificar patrones de acceso y verificar si se aplicaron criterios objetivos o si hubo prácticas discriminatorias o de favoritismo.
¿Qué consecuencias legales enfrenta Ordiñana por no entregar la documentación?
El requerimiento no es meramente administrativo: tiene base en el Reglamento de las Cortes Valencianas, que otorga a las comisiones de investigación poderes coercitivos. La obstrucción puede derivar en sanciones civiles, denuncias ante la Fiscalía o incluso la apertura de un expediente por delito de desobediencia (artículo 410 del Código Penal), si se acredita intención deliberada de entorpecer la investigación.
Marco legal aplicable
La comisión actúa bajo el artículo 122 del Estatuto de los Trabajadores (en su aplicación a cooperativas), la Ley 27/1999 de Cooperativas, y el Decreto 122/2010 de Vivienda Protegida. Cualquier desviación en la composición del listado o en los requisitos de acceso afecta la validez de la adjudicación y la titularidad de los derechos de vivienda.
¿Cuál es el impacto económico del retraso en la investigación?
El estancamiento en la entrega de documentos paraliza la evaluación de daños patrimoniales. Más de 200 familias esperan definición sobre su derecho a vivienda. Cada mes de retraso implica costes adicionales en alquileres compensatorios, litigios judiciales y pérdida de valor de los inmuebles. El impacto fiscal también es relevante: se estima que la promoción dejó de ingresar alrededor de 4,2 millones de euros en ingresos públicos por incumplimiento de obligaciones tributarias y de contratación.
Datos Clave
- La comisión exigió el listado completo de cooperativistas, con fechas y motivos de cada modificación.
- Se solicitó documentación de la promoción Residencial Viride, para análisis comparativo de criterios de adjudicación.
- El plazo para entregar la documentación venció el 2 de julio de 2026.
- El requerimiento incluye advertencia de responsabilidades penales por obstrucción a la función parlamentaria.
- La cooperativa y la Conselleria de Vivienda incumplieron simultáneamente los plazos, generando un doble punto de fricción institucional.
¿Cómo afecta este caso al marco de gobernanza de vivienda protegida?
El caso Les Naus pone en evidencia las grietas en el control de las promociones gestionadas por entidades privadas con financiación pública. La falta de trazabilidad en los listados de adjudicación socava la confianza ciudadana y debilita los mecanismos de rendición de cuentas. Además, revela la necesidad de actualizar los protocolos de supervisión de la Dirección General de Vivienda, incorporando auditorías cruzadas y sistemas digitales de registro en tiempo real.
