La comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante enfrenta una crisis de credibilidad tras la ausencia masiva de funcionarios clave. Seis técnicos fueron citados, pero la mayoría se negó a declarar. Esto paraliza el esclarecimiento de irregularidades en la adjudicación, supervisión y gestión del residencial. El caso afecta directamente la transparencia municipal, la confianza ciudadana y la integridad del sistema de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana.
¿Por qué los técnicos municipales se negaron a declarar ante la comisión?
La jefa de Patrimonio y el arquitecto municipal Francisco Nieto no acudieron a la sesión del 14 de abril de 2026. Nieto, vecino de Les Naus y beneficiario de uno de los pisos, había sido propuesto como responsable del contrato. Su rol como técnico-asesor del contrato generó una advertencia formal sobre conflicto de intereses. La jefa de Patrimonio había alertado previamente al gobierno de Barcala sobre riesgos legales y éticos.
El rol institucional del arquitecto municipal
Nieto no solo participó en reuniones con el servicio de Planeamiento. También asistió a encuentros con la cooperativa promotora. Su doble condición —funcionario y beneficiario— viola el principio de incompatibilidad establecido en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Su apartamiento del departamento de Planeamiento fue una medida correctora tardía.
¿Qué revela la ausencia de los funcionarios sobre la gobernanza municipal?
La negativa a comparecer no es un mero acto administrativo. Es un indicador de debilidad institucional. La comisión carece de poder sancionador. No puede imponer multas ni sanciones disciplinarias. Solo puede emitir informes con valor político y moral. Esto reduce su efectividad frente a conductas opacas.
La decisión política tras las jubilaciones
Tras las jubilaciones de los supervisores anteriores, se abrió un vacío técnico. En lugar de convocar un procedimiento abierto, se propuso a Nieto. Luego, tras presiones internas, se designó a otro arquitecto —jefe del departamento de licencias—. Esta decisión surgió de conversaciones entre las concejalías de Patrimonio y Urbanismo, ambas lideradas por ediles del PP que dimitieron posteriormente.
¿Cómo afecta este caso al sistema de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana?
El residencial de Les Naus forma parte del Plan de Vivienda 2022–2025 de la Generalitat. Su gestión deficiente pone en riesgo fondos públicos y la equidad en el acceso a la vivienda. Cada piso protegido no adjudicado conforme a criterios objetivos erosiona la reserva de vivienda protegida y agrava la crisis de acceso en zonas turísticas como Alicante.
El marco legal vulnerado
- La Ley 40/2015 exige neutralidad técnica en la ejecución de contratos públicos.
- El Decreto 122/2021 de la Generalitat regula la adjudicación de vivienda protegida con prioridad a colectivos vulnerables.
- El Reglamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante prohíbe la acumulación de funciones que generen conflicto de intereses.
¿Qué implica económicamente el escándalo de Les Naus?
El proyecto incluye 120 viviendas protegidas con inversión pública superior a 18 millones de euros. Irregularidades en la supervisión técnica podrían derivar en reclamaciones por defectos constructivos. También en la pérdida de fondos europeos del Programa NextGenerationEU, vinculados a la sostenibilidad y justicia social en la vivienda.
Datos Clave
- Francisco Nieto fue beneficiario de un piso y asesor técnico del contrato.
- La jefa de Patrimonio alertó formalmente sobre conflicto de intereses.
- Dos ediles del PP dimitieron tras vinculaciones con las decisiones de Urbanismo y Patrimonio.
- La comisión carece de potestad sancionadora: solo emite informes.
- El proyecto de Les Naus recibió financiación pública y fondos europeos.
¿Qué medidas correctoras son urgentes?
Se requiere una auditoría técnica independiente del expediente. También la activación del Comité de Ética Municipal, previsto en el Reglamento de Gobierno Local. Además, la Fiscalía Anticorrupción debe valorar si procede una investigación penal por prevaricación o uso indebido de fondos públicos. La transparencia no puede depender de la voluntad de los citados.
La crisis de Les Naus no es un caso aislado. Es un síntoma de la fragilidad de los controles internos en la gestión de vivienda protegida. Sin reformas estructurales, los escándalos se repetirán. La ciudadanía exige respuestas técnicas, no solo políticas.
