La reapertura de la discoteca Tambora en la zona de La Albufereta (Alicante) ha generado alarma vecinal, denuncias formales y una nueva intervención municipal. Aunque el local volvió a abrir sus puertas este verano con renovaciones visibles —como una nueva zona de aparcamiento y sombrajes—, no cuenta con la licencia de actividad necesaria, ni con la autorización para las obras realizadas. Esto no es un mero trámite burocrático: es una exigencia legal que protege la seguridad, el orden urbano y los derechos de los vecinos.
La licencia de actividad no es un trámite opcional
Una licencia de actividad es el permiso oficial que otorga el Ayuntamiento para ejercer una actividad económica en un local o espacio físico. No se trata solo de “avisar” al consistorio: implica una evaluación técnica de aspectos como el ruido, la seguridad contra incendios, el acceso para personas con discapacidad, la gestión de residuos y el impacto sobre el entorno.
En el caso de Tambora, el Ayuntamiento ya cerró el local en 2025 por esta misma causa. Ahora, pese a que la empresa presentó una solicitud para eventos al aire libre, no existe ningún decreto favorable que la respalde. Eso significa que, legalmente, no está autorizada a funcionar.
¿Qué pasa si se abre sin licencia?
Abrir sin licencia no solo es ilegal: conlleva sanciones económicas, cierre inmediato y, en algunos casos, responsabilidad penal. Además, los servicios municipales pueden ordenar la demolición de obras no autorizadas, como ya ha ocurrido con las nuevas instalaciones de Tambora.
Las denuncias vecinales y sectoriales activan la inspección
El Ayuntamiento no actuó de oficio: lo hizo tras recibir dos denuncias formales. La primera, de la Asociación de Vecinos Torre Águilas, alertó sobre obras sin licencia en la parcela. La segunda, de Alroa (Asociación de Locales de Restauración y Ocio), denunció la reapertura sin autorización.
Estas denuncias son un mecanismo clave de control ciudadano. En Alicante, como en toda España, los vecinos y los profesionales del sector tienen derecho a exigir el cumplimiento de la normativa. La Policía Local inspeccionó el 4 de julio de 2026, constatando que el local operaba como instalación temporal de eventos con música —una actividad de alto impacto que exige autorización expresa.
¿Qué implica ser una instalación temporal?
Una instalación temporal (como un evento al aire libre con escenario, sonido y aforo) no está exenta de regulación. Debe cumplir con la Ordenanza Municipal de Actividades, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley de Protección del Medio Ambiente Urbano, entre otras. El ruido, por ejemplo, no puede superar los límites legales (55 dB de día y 45 dB de noche en zonas residenciales), y su incumplimiento puede derivar en multas de hasta 600.000 euros.
El marco normativo protege a todos los afectados
El cierre de Tambora no es una medida punitiva, sino una aplicación del principio de legalidad. La normativa aplicable incluye:
- La Ley 20/2021 de Creación y Crecimiento de Empresas, que exige transparencia y cumplimiento previo a la apertura.
- La Ley de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Valenciana, que regula las obras y usos del suelo.
- La Ordenanza Municipal de Actividades Económicas de Alicante, que establece requisitos específicos para locales de ocio nocturno.
Estas normas no solo protegen al Ayuntamiento: protegen a los vecinos afectados por el ruido y la alteración del orden público, a los trabajadores del local (cuya seguridad depende de instalaciones homologadas), y a los competidores legales, que sí invierten en cumplir la normativa.
¿Qué pasa con los jóvenes que acuden allí?
Muchos usuarios de Tambora son menores de edad o jóvenes que buscan espacios de ocio al aire libre. Su presencia no invalida la ilegalidad, pero sí subraya una necesidad real: la de espacios públicos y privados regulados, seguros y accesibles. El problema no es la fiesta, sino la falta de control. Sin licencia, no hay garantía de que se cumplan los protocolos de seguridad, ni de que se respeten los horarios ni los límites acústicos.
Lo esencial en 3 puntos
- La licencia de actividad es obligatoria para cualquier local de ocio, incluso si es al aire libre: sin ella, la apertura es ilegal y puede derivar en cierre inmediato y sanciones.
- Las denuncias vecinales y sectoriales tienen peso legal: activan inspecciones y obligan al Ayuntamiento a actuar, reforzando la democracia local.
- Las obras sin permiso se demuelen: asfaltar aparcamientos o instalar sombrajes sin licencia urbanística implica riesgo de derribo y costes adicionales para el propietario.
El caso Tambora no es aislado: refleja una tensión creciente entre la demanda de ocio joven y la necesidad de orden urbano. En Alicante, como en otras ciudades costeras, la solución no está en relajar las normas, sino en agilizar los trámites, acompañar a los emprendedores y garantizar que la fiesta no se construya sobre la ilegalidad.
