La UCO registró sedes de Tubos Reunidos y la SEPI para investigar la posible desviación de 10 millones de euros tras una operación patrimonial autorizada. Los fondos podrían haber alimentado la red del exdirigente socialista Santos Cerdán. La empresa está en concurso y arrastra 263 millones de deuda. La investigación forma parte del sumario SEPI-cloacas, bajo secreto judicial.
¿Qué investiga la UCO en Tubos Reunidos y la SEPI?
Los agentes de la Unidad Central Operativa registraron la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio y sus oficinas bilbaínas. También accedieron a la sede de la SEPI en Madrid bajo un requerimiento formal. El objetivo: rastrear documentación sobre una operación de 2024 que autorizó la venta de activos para devolver 10 millones de euros del préstamo público.
Los investigadores sospechan que ese dinero no se destinó íntegramente al pago, sino que parte pudo canalizarse a cuentas vinculadas a la red de Santos Cerdán, según atribuye la Audiencia Nacional.
El contexto actual: una empresa al borde del colapso
Tubos Reunidos está en concurso voluntario de acreedores desde principios de 2026. Sus administradores concursales de PKF Attest han advertido de una situación de «insolvencia inminente». La deuda asciende a 263 millones de euros. La prioridad ahora es mantener la producción hasta septiembre y evitar un ERE de 240 trabajadores.
¿Cómo se articuló el rescate de Tubos Reunidos por la SEPI?
En 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales desembolsó 112,8 millones para rescatar a la empresa vasca. Esa operación ya está bajo investigación por presuntas irregularidades en la gestión del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
El nuevo registro se centra en un episodio posterior: la autorización de 2024 para vender activos y devolver 10 millones. Esa transacción no fue una simple devolución. Fue un movimiento patrimonial complejo, con múltiples interlocutores y transferencias cruzadas.
El papel de Ferraz y las reuniones clave
El sumario señala una reunión en noviembre de 2024 en la sede del PSOE, en Ferraz. Allí estuvieron Leire, Santos Cerdán y dos directivos de Tubos Reunidos. No se ha aclarado el contenido de la conversación, pero su ubicación y los participantes activan alertas sobre posible coordinación entre esferas política y empresarial.
¿Qué impacto económico tiene esta investigación?
El caso trasciende lo judicial. Tubos Reunidos es un referente industrial en el País Vasco, con más de 1.200 empleos directos. Su colapso afectaría a toda la cadena de suministro metalmecánica. Además, el dinero público en juego —112,8 millones del rescate inicial y los 10 millones en cuestión— representa una carga fiscal directa para los contribuyentes.
Los inversores potenciales observan con recelo la incertidumbre regulatoria. Sin claridad jurídica, la recapitalización se frena. El tiempo es crítico: los administradores concursales han fijado septiembre como límite para mantener liquidez operativa.
El marco legal: secreto judicial y competencia de la Audiencia Nacional
La investigación corre a cargo del juez Santiago Pedraz, instructor del sumario SEPI-cloacas. El caso se tramita en pieza secreta, lo que limita la publicidad de las actuaciones. La competencia corresponde a la Audiencia Nacional por su vinculación con delitos de blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias.
La SEPI, como entidad pública, está sujeta al régimen de transparencia, pero las actuaciones judiciales prevalecen sobre los plazos de acceso a la información.
¿Qué datos clave deben conocer los afectados?
- La UCO actuó bajo orden judicial del juez Santiago Pedraz, en el marco del sumario SEPI-cloacas.
- Se investiga una operación de 2024 por 10 millones de euros, no el rescate inicial de 112,8 millones.
- Tubos Reunidos está en concurso con 263 millones de deuda y 1.200 empleos en juego.
- La reunión en Ferraz (noviembre 2024) involucró a Santos Cerdán y directivos de la empresa.
- La SEPI está siendo requerida formalmente, no registrada, en su sede madrileña.
- El plazo crítico para la continuidad operativa es septiembre de 2026.
¿Qué implica esto para la gobernanza pública?
El caso pone en tensión el modelo de intervención industrial estatal. La SEPI no es un banco, pero actúa como tal al rescatar empresas estratégicas. Su margen de discreción en operaciones patrimoniales requiere controles externos más robustos. La ausencia de auditorías independientes en tiempo real facilita desvíos. La investigación actual no solo busca responsables individuales, sino también fallas sistémicas en la supervisión de fondos públicos.
