El Gobierno avanza con el real decreto para la reubicación de menores migrantes no acompañados, pese al boicot del PP en la Conferencia Sectorial de Infancia. Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP —salvo Ceuta— se ausentaron, impidiendo el quórum. El texto sigue su trámite hacia el Consejo de Ministros. La medida busca actualizar la capacidad ordinaria de acogida y aplicar el artículo 35 reformado de la ley de extranjería.
¿Por qué el PP no acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia?
El PP justificó su ausencia alegando que la convocatoria era ilegal. La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, calificó la política migratoria del Gobierno como temeraria. Ceuta fue la única comunidad popular que asistió.
El Ministerio de Juventud e Infancia había confirmado previamente la participación de casi todas las comunidades. La ministra Sira Rego calificó el boicot como absolutamente lamentable, vinculándolo a una alianza con Vox y al bloqueo sistemático de políticas de infancia.
El marco legal no se detiene por la ausencia
La falta de asistencia no paraliza el trámite. El real decreto se basa en una reforma previa del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada en 2025. Esta reforma otorga al Gobierno competencia para coordinar la distribución territorial de menores migrantes no acompañados.
El texto no requiere unanimidad autonómica para entrar en vigor. Su naturaleza es de carácter ejecutivo, no de transferencia de competencias.
¿Qué establece el nuevo real decreto sobre menores migrantes?
El decreto regula el reparto proporcional de más de 4.000 menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Se activa tras la reforma del artículo 35, que modifica los criterios de responsabilidad compartida en protección infantil.
El objetivo declarado es actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida. No se trata de una medida excepcional, sino de una normalización del sistema bajo criterios objetivos: densidad poblacional, infraestructura residencial existente y capacidad técnica de los equipos de protección.
¿Cómo se calcula la distribución territorial?
El reparto se basa en un índice de capacidad de absorción, que combina tres variables: número de plazas disponibles en centros de acogida, ratio de profesionales por menor y tasa de ocupación actual. No se aplica de forma automática: cada comunidad puede impugnar su asignación ante la Comisión Técnica de Infancia.
¿Cuál es el impacto económico real de la reubicación?
La reubicación implica una transferencia presupuestaria directa del Estado a las comunidades. El Ministerio de Juventud e Infancia ha previsto 120 millones de euros anuales para financiar plazas, formación de equipos y seguimiento psicosocial.
Sin embargo, el coste real supera lo presupuestado. Estudios del Observatorio de Infancia de la UCM estiman un gasto adicional de 18.500 € por menor al año en atención integral. Esto incluye escolarización, salud mental y acompañamiento jurídico.
El riesgo de desigualdad territorial
Comunidades con menor capacidad de absorción —como Castilla-La Mancha o Extremadura— podrían verse sobrecargadas si no se ajustan los indicadores. El decreto no contempla cláusulas de exención por saturación, lo que genera tensiones con gobiernos regionales.
¿Qué dice la ley sobre la participación autonómica en políticas de infancia migrante?
La Constitución española reconoce la competencia compartida en protección de menores. El Estatuto de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (2021) refuerza el principio de responsabilidad solidaria. Pero el artículo 35 reformado de la ley de extranjería introduce una excepción: permite al Gobierno actuar de forma unilateral cuando se afecte la seguridad jurídica del sistema de protección.
Esto justifica la vía decreto, aunque no elimina la obligación de informar a las comunidades. El boicot del PP no invalida el procedimiento, pero sí debilita su legitimidad práctica.
Datos Clave
- El real decreto se basa en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, aprobada en 2025.
- Se prevé reubicar a más de 4.000 menores migrantes no acompañados.
- El Gobierno destinará 120 millones de euros anuales, aunque el coste real estimado es mayor.
- La ausencia del PP impidió el quórum, pero no detiene el trámite legal.
- Ceuta fue la única comunidad autónoma del PP que asistió a la reunión.
- La ministra Sira Rego calificó el boicot como lamentable y vinculado a Vox.
- El reparto se calcula mediante un índice de capacidad de absorción, no por criterios políticos.
