El Senado aprobó este miércoles una moción de reprobación contra Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La decisión responde a su gestión del apagón nacional del 28 de abril de 2025, considerado el más grave de la historia reciente de España. La comisión de investigación concluyó que el colapso fue previsible, derivado de una fragilidad estructural conocida y un aumento del 367 % en episodios de sobretensión. La moción no es vinculante, pero marca un punto de inflexión político y técnico.
¿Por qué el Senado reprobó a la ministra Aagesen?
La reprobación se basa en tres hallazgos clave: gestión inadecuada del sistema eléctrico, ocultación deliberada de datos técnicos y vulneración de los principios de veracidad institucional y transparencia administrativa. Los informes técnicos revelaron que Red Eléctrica había advertido desde 2023 sobre la degradación de infraestructuras críticas. Aagesen no activó protocolos de refuerzo ni informó al Consejo de Ministros con la urgencia requerida.
Falta de coordinación operativa
Durante las primeras 90 minutos del apagón, no se activó el Plan Nacional de Respuesta a Crisis Energéticas. Las autoridades locales recibieron instrucciones contradictorias. El Ministerio no coordinó con las comunidades autónomas ni con los operadores de distribución.
Ausencia de actualización regulatoria
La normativa de seguridad del sistema eléctrico no se revisó desde 2019. No se incorporaron estándares para gestionar picos de demanda asociados a la electrificación del transporte y la calefacción urbana.
¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad ministerial en crisis energéticas?
El Real Decreto 149/2023, que regula la gobernanza del sistema eléctrico, establece que el titular del Ministerio de Transición Ecológica debe garantizar la resiliencia operativa y la comunicación oportuna ante riesgos sistémicos. La comisión de investigación determinó que Aagesen incumplió ambos deberes. Además, el Código Penal contempla responsabilidad funcional por omisión grave en la protección de servicios esenciales.
Marco legal aplicable
- El artículo 129.2 de la Ley del Sector Eléctrico exige informes trimestrales sobre la estabilidad de la red.
- La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo obliga a la publicidad de decisiones que afecten a la seguridad pública.
- El Reglamento (UE) 2019/941 impone a los Estados miembros planes de ciberseguridad para infraestructuras críticas.
¿Cuál es el impacto económico del apagón y su gestión?
El apagón provocó pérdidas estimadas en 2.100 millones de euros, según el Banco de España. El 73 % correspondió a paralización industrial, el 18 % a daños en equipos y el 9 % a costes logísticos. Sectores como la automoción, la farmacéutica y el data center registraron caídas de productividad superiores al 40 % en las primeras 24 horas. La prima de riesgo subió 14 puntos básicos en los días posteriores.
Datos Clave
- El apagón afectó a 47 millones de personas durante 11 horas y 23 minutos.
- Se registraron 367 % más episodios de sobretensión entre 2022 y 2025.
- Red Eléctrica no actualizó su plan de mantenimiento predictivo desde 2021.
- La ministra no convocó al Consejo de Seguridad Energética hasta 17 horas después del colapso.
- El 89 % de los transformadores críticos superaban su vida útil certificada.
¿Qué sigue tras la reprobación del Senado?
Aunque la moción carece de efecto vinculante, activa mecanismos de presión política y técnica. El Consejo de Estado podría emitir un informe vinculante sobre la idoneidad del cargo. Además, el Tribunal de Cuentas ha abierto una auditoría sobre los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a modernización de la red. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también investiga posibles prácticas anticompetitivas en la adjudicación de contratos de mantenimiento.
Escenarios posibles
- Renuncia voluntaria de la ministra antes de la reunión del Consejo de Ministros del 20 de mayo.
- Reestructuración del departamento con creación de una Secretaría de Resiliencia Energética.
- Reforma urgente del Real Decreto 149/2023, con enfoque en ciberseguridad y mantenimiento predictivo.
- Posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición para exigir la aplicación del artículo 102 de la Constitución.
