Carlos Baño lleva presidiendo la Cámara de Comercio de Alicante de forma irregular desde noviembre de 2023. Su mandato expiró legalmente al extinguirse la sociedad que lo acreditaba. Esa baja automática obligaba a convocar nuevas elecciones y un pleno extraordinario. No se hizo ninguna de las dos cosas. La inacción afecta la legitimidad institucional, la transparencia financiera y la confianza del tejido empresarial.
¿Por qué la presidencia de Carlos Baño es considerada irregular?
La ley exige que los representantes en la Cámara de Comercio actúen en nombre de una sociedad activa y registrada. En noviembre de 2023, la mercantil que acreditaba a Baño se extinguió. Eso desencadenó su baja automática en el pleno y, por tanto, su cese inmediato como presidente.
El silencio del comité ejecutivo refleja una crisis de gobernanza
De los ocho miembros del comité ejecutivo, cinco —incluidos Rafael Hierro, Rafael Regalado, María José Rocamora, César Quintanilla y Eva Miñano— se negaron a pronunciarse ante la irregularidad. Solo Jesús Navarro y Fidel García, recién incorporado, respondieron. El silencio no es neutral: es una omisión que debilita los controles internos.
¿Qué dice la normativa sobre la renovación de cargos en cámaras de comercio?
El Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Comercio de Alicante establece que la extinción de la representación mercantil anula la condición de vocal. No hay excepciones. Tampoco permite prórrogas tácitas. El artículo 27 exige la convocatoria de un pleno en un plazo máximo de 30 días para resolver la vacante.
La falta de renovación afecta la credibilidad ante la Administración
Las cámaras colaboran con la Administración en la gestión de bonos comercio, subvenciones europeas y certificados de origen. Si su liderazgo carece de base legal, los actos firmados por Baño podrían ser impugnables ante tribunales. Eso pone en riesgo contratos públicos y ayudas gestionadas por la entidad.
¿Cuál es el impacto económico de esta irregularidad?
La Cámara de Comercio de Alicante gestiona anualmente más de 4,2 millones de euros en fondos públicos y privados. Su participación en programas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) exige rigor contable y transparencia institucional. Una presidencia sin respaldo legal puede derivar en:
- Rechazo de auditorías externas.
- Suspensión de convenios con la Diputación Provincial o la Generalitat.
- Pérdida de acceso a fondos europeos por incumplimiento de principios de buena gobernanza.
¿Qué opciones legales existen para restablecer la normalidad?
El pleno de la Cámara tiene potestad para exigir la convocatoria inmediata de elecciones. También puede acordar la suspensión provisional del presidente mientras se resuelve su situación jurídica. Si no actúa, la Dirección General de Comercio e Industria del Ministerio de Industria puede intervenir.
Datos Clave
- La sociedad que acreditaba a Baño se extinguió en noviembre de 2023.
- No se celebró ningún pleno extraordinario para cubrir la vacante.
- Baño no sustituyó a sus representantes legales, como exige el Reglamento de Régimen Interior.
- Cinco de ocho miembros del comité ejecutivo optaron por el silencio institucional.
- La Cámara gestiona 4,2 millones de euros anuales, muchos de ellos públicos.
La tridimensionalidad del caso es clara: su contexto actual revela una crisis de legitimidad democrática, su impacto económico pone en riesgo fondos públicos y su marco legal exige acción inmediata bajo el Real Decreto 247/2023, que refuerza los controles de idoneidad en entidades colaboradoras del Estado.
