La trama Cerdán es una investigación judicial sobre presuntas comisiones ilegales en contratos públicos liderada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según la UCO, recibía un 2% de comisión por adjudicaciones de obra. Ahora, el caso se extiende a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y a María Jesús Montero, candidata a la Junta de Andalucía.
¿Quién es Santos Cerdán y qué revela la UCO?
Santos Cerdán fue una figura clave en la estructura organizativa del PSOE hasta su dimisión. La Unidad Central Operativa (UCO) lo vincula a una red de cobros ocultos en licitaciones de infraestructuras. Los documentos señalan pagos recurrentes desde empresas constructoras a cuentas vinculadas a su entorno.
El papel de Francisca Muñoz
Su esposa, Francisca Muñoz, fue citada dos veces por la comisión del Senado. Ausente en ambas ocasiones, envió un informe médico que los populares califican de «coartada». Fotos públicas de su viaje a Navarra durante Semana Santa alimentaron las dudas sobre la veracidad del documento.
¿Por qué la Sepi está en el centro de la investigación?
La Sepi no es un organismo anónimo: gestiona participaciones estatales en empresas estratégicas como Enusa, Hunosa o Navantia. Según fuentes parlamentarias, su dirección se usó para canalizar fondos o favorecer contratos bajo criterios opacos.
El vínculo con María Jesús Montero
Montero fue vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Durante su mandato, la Sepi sufrió cambios regulatorios clave. La oposición sostiene que su gestión permitió una falta de transparencia contable, facilitando movimientos financieros no auditados.
¿Qué implica el escenario legal actual?
La comisión del Senado actúa bajo el Reglamento del Senado, artículos 142 y ss., que autorizan citaciones obligatorias y sanciones por desobediencia. El informe médico de Muñoz podría ser sometido a peritaje forense, una medida sin precedentes en comisiones parlamentarias recientes.
Marco económico del caso
Cada 2% de comisión en una obra de 100 millones de euros representa 2 millones de euros. Si la trama operó en decenas de contratos, el impacto fiscal supera los 50 millones. Ese dinero, según la UCO, no se declaró ni se tributó.
¿Cómo afecta esto a la campaña electoral en Andalucía?
La citación de Montero está programada a menos de 20 días del inicio oficial de la campaña andaluza. El PP busca vincular su candidatura con una gestión opaca de fondos públicos, aprovechando el efecto multiplicador de los medios y redes sociales.
Datos Clave
- La UCO identificó al menos 17 contratos públicos vinculados a Cerdán entre 2019 y 2023.
- La Sepi gestionó más de 12.000 millones de euros en activos en 2025, según su memoria anual.
- El informe médico de Muñoz fue emitido por un centro privado de Madrid, no por el sistema público de salud.
- La comisión del Senado tiene potestad para solicitar informes bancarios y registros fiscales, aunque requiere autorización judicial previa.
- Montero no ha sido imputada, pero su responsabilidad política como ministra supervisora de la Sepi es objeto de escrutinio parlamentario.
La trama Cerdán ya no es solo un caso judicial: es un termómetro de gobernabilidad, un factor económico real y un desafío institucional. Su desarrollo en las próximas semanas definirá no solo la credibilidad de actores políticos, sino también la confianza ciudadana en los mecanismos de control del gasto público. La presión sobre la Sepi y sobre Montero no es coyuntural: responde a un patrón estructural de opacidad en la gestión de empresas públicas.
