El Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey ha suspendido la declaración como investigada de la doctora María Teresa Vidán, vinculada a la redacción del controvertido protocolo que limitó la derivación de residentes a hospitales durante la pandemia. Un error administrativo en su apellido impidió su citación. El caso sigue abierto y se reanudará el 30 de junio.
¿Quién es la doctora María Teresa Vidán y por qué está implicada?
La doctora María Teresa Vidán es una profesional sanitaria señalada por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, como autora del protocolo que él firmó. Ese documento estableció criterios restrictivos para el traslado de personas mayores desde residencias a hospitales en marzo-abril de 2020.
El rol del protocolo en la gestión de la crisis
El protocolo no era una norma legal, sino una instrucción interna con efecto práctico inmediato. Su aplicación generó derivaciones diferenciadas según edad, dependencia y diagnóstico. Personas con deterioro cognitivo severo, como Marcela Heras, fueron excluidas de traslados aunque presentaran síntomas graves.
¿Qué impacto tuvo el protocolo en la atención sanitaria?
La aplicación del protocolo afectó directamente a miles de residentes en la región. En la residencia Isla Taray (Morata de Tajuña), donde falleció Marcela Heras, se aplicó de forma estricta. Su hijo denunció que, pese a solicitarlo reiteradamente, no se autorizó su traslado al Hospital del Sureste, a pesar de su historial clínico previo de derivaciones ante cada episodio febril.
La discriminación por edad y dependencia
La acusación particular califica la decisión como “víctima de la aplicación de los protocolos discriminatorios”. La fallecida no tenía seguro privado, lo que eliminó una vía alternativa de acceso a atención hospitalaria. Este factor refuerza la dimensión socioeconómica del caso.
¿Por qué se ha retrasado la investigación judicial?
La comparecencia de Vidán se suspendió por un error en el apellido en la citación. Además, la acusación particular pidió aplazar la declaración de la geriatra de enlace del Hospital del Sureste para acceder a documentación pendiente: historiales clínicos, registros de derivaciones y comunicaciones entre residencia y centro hospitalario.
La fragmentación procesal como obstáculo
Actualmente existen múltiples causas abiertas sobre residencias en Madrid. La Audiencia Provincial decidirá el 16 de abril si se unifican en un único procedimiento. Esta decisión es clave para evitar contradicciones entre juzgados y garantizar coherencia probatoria.
¿Qué marco legal regula la atención a mayores en crisis sanitarias?
No existía, en marzo de 2020, una norma específica que autorizara la suspensión de derivaciones hospitalarias. El protocolo se basó en criterios de capacidad de respuesta del sistema, no en evidencia clínica ni en derechos fundamentales. Su aplicación choca con el principio de igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la salud (art. 43 CE).
La responsabilidad administrativa y profesional
La ausencia de una base legal explícita convierte la decisión en un acto de discrecionalidad administrativa. La responsabilidad recae tanto en quien lo redactó como en quien lo firmó y aplicó. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que los protocolos no sustituyan el juicio clínico individual.
Datos Clave
- El protocolo se aplicó entre marzo y abril de 2020, en pleno pico de la primera ola.
- Marcela Heras falleció el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray, sin traslado hospitalario.
- La acusación particular denuncia discriminación por edad, dependencia y carencia de seguro privado.
- La Audiencia Provincial de Madrid resolverá el 16 de abril si unifica las causas sobre residencias.
- Las declaraciones de las investigadas se reprogramaron para el 30 de junio de 2026.
