El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) entra en una nueva fase con Xisca Sureda como delegada desde septiembre de 2025. Su liderazgo marca un giro hacia políticas basadas en evidencia científica, derechos humanos y equidad. La actualización de la estrategia nacional, la aprobación de la Ley de Alcohol y Menores y la respuesta a las nuevas sustancias psicoactivas son ejes centrales. Este cambio no es solo administrativo: impacta en financiación pública, formación profesional y marcos legales autonómicos.
¿Qué implica la nueva dirección del Plan Nacional sobre Drogas?
Xisca Sureda aporta una mirada distinta al PNSD. Su formación en Farmacia, Salud Pública y epidemiología le permite traducir datos en políticas reales. No se trata de aplicar modelos genéricos. Se trata de diseñar intervenciones que respondan a las desigualdades reales: entre géneros, territorios y grupos vulnerables. Su enfoque prioriza la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia la acción política.
El puente entre ciencia y política
Sureda insiste en que la investigación no debe quedar en artículos académicos. Cada estudio sobre consumo de alcohol en adolescentes o efectos del tabaco en mujeres embarazadas debe alimentar protocolos de prevención. Esa conexión exige canales institucionales ágiles y equipos técnicos con formación dual: sanitaria y normativa.
¿Cuáles son las prioridades legislativas y operativas en 2026?
La Ley de Alcohol y Menores es la pieza jurídica más urgente. Actualmente en trámite parlamentario, busca restringir la publicidad, limitar la venta en puntos de acceso fácil para menores y reforzar la fiscalización. Su aprobación modificará los planes locales de salud y exigirá adaptaciones en comercios, bares y plataformas digitales.
Nuevas sustancias psicoactivas: un desafío transfronterizo
El mercado de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) evoluciona más rápido que la normativa. Muchas no están clasificadas como estupefacientes, lo que dificulta su control. El PNSD está trabajando con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y Europol para actualizar listas de sustancias y acortar los tiempos de inclusión en el catálogo legal.
¿Cómo se integra la perspectiva de género en la estrategia nacional de adicciones?
Las mujeres no consumen ni se ven afectadas por las adicciones igual que los hombres. Los patrones de uso, las consecuencias físicas y los obstáculos al acceso a tratamiento son distintos. La nueva estrategia incorporará indicadores de género en todas sus evaluaciones. También promoverá programas específicos para mujeres en situación de vulnerabilidad: migrantes, víctimas de violencia o con trastornos mentales comórbidos.
Prevención basada en la evidencia: más que un eslogan
No todos los programas de prevención funcionan. El PNSD está sistematizando una base de datos de intervenciones validadas. Solo se recomendarán aquellas con resultados medibles en reducción de consumo, mejora de percepción de riesgo o aumento de habilidades sociales. Esto afecta directamente a las subvenciones que reciben ayuntamientos y ONG.
¿Qué impacto económico y legal tiene esta nueva etapa?
La actualización del PNSD no es solo un documento. Implica reasignación de fondos europeos (Fondos NextGeneration), revisión de convenios con comunidades autónomas y actualización de protocolos en atención primaria. Desde el punto de vista legal, la nueva estrategia servirá de marco para reformar normativas autonómicas sobre drogas, salud mental y protección a la infancia.
Datos Clave
- La estrategia actual del PNSD (2017–2024) expira en 2024, pero sigue vigente hasta la aprobación de la nueva por el Consejo de Ministros.
- La Ley de Alcohol y Menores está en fase de enmiendas parlamentarias y podría aprobarse en la primera mitad de 2026.
- Más del 60 % de las nuevas sustancias psicoactivas detectadas en Europa entre 2023 y 2025 no estaban reguladas al momento de su aparición.
- El 73 % de los programas de prevención escolar en España no cumplen con los criterios mínimos de evidencia científica según el informe del PNSD 2025.
- La perspectiva de género será obligatoria en la evaluación de todos los planes de acción del PNSD a partir de 2026.
¿Qué papel juegan las comunidades autónomas y los ayuntamientos?
Las competencias en salud pública son compartidas. El PNSD no impone, coordina. Su rol es homologar criterios, certificar programas y facilitar transferencia de buenas prácticas. Las comunidades autónomas deben adaptar las líneas estratégicas a sus realidades: desde el consumo de cocaína en zonas urbanas hasta el uso de cannabis medicinal en entornos rurales. Los ayuntamientos, por su parte, son clave en prevención comunitaria y reducción de daños en espacios públicos.
