Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos, compareció en la comisión del Senado sobre el accidente de Adamuz. Su testimonio reveló tensiones entre responsabilidad institucional, conocimiento operativo y límites jerárquicos. No hubo confesiones, pero sí reconocimientos clave sobre nombramientos cuestionables y desconocimiento de actividades ilícitas.
¿Qué dijo Pedro Saura sobre Koldo García y las presuntas comisiones?
Saura afirmó categóricamente que no hubiera nombrado a Koldo García como asesor personal del ministro José Luis Ábalos. Admitió conocerlo, pero negó tener conocimiento de su posible rol como brazo ejecutor en actividades delictivas vinculadas al ministro. Aclaró que su función no incluía supervisar designaciones directas del ministro, por lo que descartó responsabilidad política sobre ese nombramiento.
La línea roja entre jerarquía y control
En el ministerio, Saura ostentaba la segunda autoridad operativa, pero no tenía competencia sobre asesores de libre designación del titular. Esa separación formal no elimina la responsabilidad de supervisión horizontal, exigida por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Su negativa a cuestionar el nombramiento se interpreta como una lectura estricta —y controvertida— del alcance de sus funciones.
¿Puede un secretario de Estado ignorar irregularidades en contratos de mantenimiento ferroviario?
Saura sostuvo que desconocía cualquier irregularidad en los contratos de mantenimiento y renovación adjudicados durante su gestión. Sin embargo, el accidente de Adamuz puso en evidencia fallos estructurales en infraestructuras bajo su supervisión. Expertos en seguridad ferroviaria señalan que la reducción de inversiones en mantenimiento —aunque no ilegal— incrementa el riesgo sistémico.
El impacto económico de las decisiones técnicas
Durante su etapa, se destinaron más de 21.000 millones de euros a inversión ferroviaria. Pero el gasto no es sinónimo de eficacia: el 37 % de esos fondos se canalizó a través de contratos menores, con menor control de calidad y menor trazabilidad. Esa práctica, permitida por el Reglamento de Contratos del Sector Público, facilita la opacidad en la cadena de subcontratación.
¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad política en casos de corrupción ministerial?
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado establecen que los secretarios de Estado responden por los actos de su competencia directa. Pero no por decisiones exclusivas del ministro, salvo que exista conocimiento efectivo y omisión deliberada. El Tribunal de Cuentas ya ha abierto una línea de investigación sobre posibles incumplimientos en la supervisión de contratos.
El marco legal no protege la indiferencia
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 1245/2022) establece que la ignorancia no exime si existen indicios objetivos de irregularidad. En este caso, múltiples alertas internas sobre Koldo García y Víctor de Aldama fueron registradas en actas de reuniones de coordinación interdepartamental —documentos a los que Saura tuvo acceso.
¿Cómo afecta este caso al sistema de control de la Administración?
El caso Adamuz no es solo un accidente: es un síntoma de debilidad en los mecanismos de control interno y rendición de cuentas horizontal. La falta de protocolos obligatorios de evaluación de idoneidad para asesores políticos deja un vacío legal que favorece la impunidad.
Datos Clave
- Saura reconoció que no hubiera nombrado a Koldo García, pero no lo cuestionó mientras estuvo en el cargo.
- El accidente de Adamuz dejó más de 40 muertos, vinculados a fallos en infraestructura ferroviaria.
- Se investigan presuntas mordidas relacionadas con contratos de mantenimiento adjudicados entre 2019 y 2021.
- La inversión ferroviaria superó los 21.000 millones de euros, pero el 37 % se ejecutó mediante contratos menores de bajo control.
- El Tribunal de Cuentas investiga posibles incumplimientos de supervisión en la cadena de contratación.
La tridimensionalidad del caso radica en su convergencia: el contexto actual de crisis de confianza en las instituciones, el impacto económico de decisiones técnicas mal supervisadas y el vacío legal en la regulación de asesores políticos. No se trata solo de quién firmó qué, sino de quién debió preguntar —y por qué no lo hizo.
