El Ayuntamiento de Alicante está aplicando soluciones rápidas y no técnicamente adecuadas en el mantenimiento de aceras. En barrios como Carolinas Altas y El Pla, se sustituyen baldosas deterioradas por parches de cemento. Esto incumple el pliego técnico del contrato con ACSA Obras e Infraestructuras. La falta de reposición integral afecta la seguridad, la accesibilidad universal y la sostenibilidad económica del servicio público.
¿Por qué los parches de cemento violan el contrato municipal?
El contrato de mantenimiento firmado en agosto de 2025 con ACSA Obras e Infraestructuras tiene un valor anual de 8 millones de euros. Su pliego técnico exige la reposición integral del material original, no soluciones parciales. Los parches de cemento no cumplen con los requisitos de homogeneidad, resistencia al desgaste ni compatibilidad con el pavimento existente.
El pliego técnico es claro y vinculante
El documento contractual establece que toda actuación debe restituir la acera a su estado previo. Esto incluye coincidencia de nivel, textura, pendiente y coeficiente de fricción. El cemento aplicado sobre baldosa genera desniveles peligrosos. También altera el drenaje superficial y acelera la degradación del entorno.
¿Qué impacto económico tienen estas chapuzas?
Cada parche de cemento representa un gasto inmediato sin retorno funcional. A corto plazo, el Ayuntamiento ahorra en mano de obra especializada. A medio plazo, multiplica los costes por rehacer lo mal hecho. Se estima que una reposición correcta tiene una vida útil de 15 años. Un parche de cemento dura menos de 3 años y requiere mantenimiento cada 6 meses.
El costo oculto de la improvisación
Los gastos derivados incluyen reclamaciones por accidentes, multas por incumplimiento de la Ley 13/2021 de accesibilidad universal, y sanciones de la Conselleria de Vivienda. Además, el Ayuntamiento pierde capacidad de inversión en otras zonas por la reasignación de fondos a reparaciones urgentes.
¿Cómo afectan los parches a la accesibilidad y la seguridad?
Los desniveles entre baldosa y cemento superan los 5 mm, el límite máximo permitido por el Real Decreto 173/2010. Esto impide el paso seguro de sillas de ruedas, carritos de bebé y personas mayores. En Carolinas Altas y Haroldo Parrés ya se han registrado denuncias vecinales por caídas.
El riesgo legal es real y documentado
El contrato municipal reconoce expresamente que el mal estado de las aceras puede generar responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento asume el riesgo de litigios si no garantiza la seguridad jurídica del servicio. Hasta la fecha, hay 12 expedientes abiertos por reclamaciones vecinales vinculadas a intervenciones similares.
¿Qué exige la normativa vigente?
La Ley 13/2021 y el Real Decreto 173/2010 obligan a garantizar la continuidad del pavimento, la ausencia de obstáculos y la coherencia material en espacios públicos. El uso de parches de cemento no cumple ninguno de estos requisitos. Tampoco se ajusta al Plan Estratégico de Accesibilidad de Alicante 2023–2030.
Datos Clave
- El contrato con ACSA Obras e Infraestructuras tiene una duración de 4 años y un valor total de 32 millones de euros.
- El pliego técnico exige reposición total del material original, no soluciones parciales.
- Los parches de cemento generan desniveles superiores a 5 mm, incumpliendo el Real Decreto 173/2010.
- Se han registrado al menos 12 reclamaciones vecinales por accidentes relacionados con estas intervenciones.
- El costo estimado de rehacer un parche en 2 años es un 220 % superior al de una reposición inicial adecuada.
La situación no es técnica ni financiera: es de gestión pública responsable. El uso de soluciones improvisadas socava la confianza ciudadana. También debilita la capacidad del Ayuntamiento para cumplir con sus compromisos legales y europeos en materia de accesibilidad. La alternativa no es más gasto. Es aplicar lo que ya está contratado, regulado y exigido.
