Un año después de la paralización de las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante, persisten graves consecuencias financieras, legales y de gobernanza. La falta de licencia de obra generó una depreciación contable de 558.797,94 euros, afectando directamente la solvencia de la entidad. El proyecto, con un presupuesto total de 4 millones de euros (IVA incluido), sigue sin cumplir los requisitos urbanísticos exigidos por el Ayuntamiento de Alicante.
¿Qué pasó con la licencia de obra de la sede de la Cámara de Alicante?
En abril de 2025, INFORMACIÓN reveló que las obras en el edificio Panoramis carecían de licencia de obra municipal. El Ayuntamiento de Alicante reiteró en diciembre de 2025 su resolución de derribo de la «planta ilegalizable» y exigió la «restauración de la legalidad urbanística vulnerada».
El Comité Ejecutivo, presidido por Carlos Baño, aprobó una versión modificada del proyecto que omitía esa planta —sin esperar la resolución definitiva del Ayuntamiento. Esta decisión anticipada generó una incertidumbre contable estructural, reflejada en la auditoría de 2024.
El error de anticipar la aprobación sin licencia
La entidad asumió como válida una solución técnica sin respaldo administrativo. No hubo informe previo de la Dirección General de Urbanismo ni resolución expresa del Ayuntamiento. Esto viola el principio de seguridad jurídica en actuaciones públicas y de interés general.
¿Cuál es el impacto económico real del deterioro contable?
La auditoría de 2024, cerrada en septiembre de 2025 y publicada en el Portal de Transparencia, revela una pérdida contable inmediata de 558.797,94 euros. Este importe corresponde al deterioro del inmovilizado en curso, un activo que ya no cumple con los criterios de reconocimiento contable bajo el Plan General Contable.
El valor registrado en cuentas para las obras ascendía a 3.393.983 euros, pero su viabilidad depende de la obtención de la licencia. Sin ella, el activo carece de soporte legal y operativo.
¿Por qué ese deterioro no se evitó?
La Cámara no aplicó el principio de prudencia contable. Ante la evidencia de la ilegalidad urbanística, debió provisionar o revaluar antes del cierre contable. La auditora Seiquer Auditores Consultores lo señala como un riesgo de alto impacto en su «Apunte de énfasis».
¿Qué dice la normativa urbanística aplicable?
El Reglamento de Urbanismo de la Comunidad Valenciana exige licencia previa para cualquier modificación estructural en edificios existentes. La planta construida en segunda altura en Panoramis no contaba con informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo, requisito obligatorio para obras en suelo urbano consolidado.
Además, el Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece que las actuaciones sin licencia son nulas de pleno derecho, con efectos retroactivos.
¿Qué consecuencias legales enfrenta la Cámara?
- Posible responsabilidad patrimonial por daños derivados de la ocupación ilegal del suelo.
- Riesgo de sanción administrativa por infracción muy grave, con multas hasta 600.000 euros.
- Impedimento para acceder a subvenciones públicas por incumplimiento del principio de transparencia y buena gestión.
¿Cómo afecta esto al modelo de gobernanza de las Cámaras?
Las Cámaras de Comercio son entidades de derecho público con funciones delegadas por el Estado. Su gestión debe cumplir con los estándares de E-E-A-T (Experiencia, Expertise, Autoridad, Confianza). La toma de decisiones sin asesoramiento jurídico previo y sin validación administrativa socava su autoridad institucional.
Datos Clave
- La depreciación contable asciende a 558.797,94 euros, equivalente al 14 % del presupuesto total del proyecto.
- El importe registrado como inmovilizado en curso es de 3.393.983 euros, sin respaldo legal vigente.
- El Ayuntamiento de Alicante exigió el derribo de la planta ilegalizable en diciembre de 2025, tras tres meses de silencio administrativo.
- La auditoría de 2024 fue publicada en el Portal de Transparencia tras una denuncia por incumplimiento normativo.
- El proyecto pretendía transformar los antiguos cines en un centro de negocios gestionado por Digital Corner, bajo arrendamiento.
¿Qué implica la paralización para la economía local?
La sede debía convertirse en un hub de innovación y apoyo a pymes. Su retraso afecta la capacidad de atracción de inversión en el Puerto de Alicante. Además, el gasto público comprometido (4 millones) no ha generado retorno económico ni empleo directo. El coste de oportunidad se mide en proyectos de formación, internacionalización y digitalización que no se ejecutaron por la mala asignación de recursos.
¿Qué se puede hacer ahora?
- Solicitar una declaración de obra ejecutada ante el Ayuntamiento, con planos y memoria técnica actualizados.
- Iniciar un procedimiento de regularización urbanística, si procede, bajo el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
- Revisar el modelo de toma de decisiones del Comité Ejecutivo, incorporando obligatoriamente informes jurídicos y técnicos previos a toda inversión superior a 500.000 euros.
- Publicar un plan de recuperación de confianza, con cronograma, responsables y métricas de transparencia.
