José Villarejo, excomisario y figura central del caso Kitchen, evita el banquillo de los acusados al ejercer como abogado colegiado en su propio juicio. La Fiscalía Anticorrupción le pide 19 años de prisión. Su doble rol genera dudas sobre la imparcialidad procesal, la competencia de la Audiencia Nacional y el cumplimiento del derecho a la defensa efectiva.
¿Puede un acusado ejercer como abogado en su propio juicio?
Sí, pero con límites estrictos. El Código deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Ley Orgánica del Poder Judicial permiten la defensa técnica propia, siempre que el acusado esté colegiado y no interfiera con la función judicial. Villarejo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado desde 2020, cumple los requisitos formales.
Sin embargo, su participación va más allá de la defensa técnica. Ha interrogado a testigos, presentado escritos extensos y denunciado a fiscales y periodistas. Esa hibridación entre acusado y letrado rompe la separación funcional que exige el principio de contradicción.
¿Qué dice la jurisprudencia?
El Tribunal Supremo ha advertido que la defensa propia no justifica la sustitución del juez como moderador del debate. En sentencia 1245/2022, señaló que el acusado no puede convertirse en «coacusador» de sus propios testigos ni alterar el equilibrio procesal.
¿Es competente la Audiencia Nacional para juzgar a Villarejo?
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido la nulidad del juicio alegando incompetencia objetiva. Su argumento: los hechos del caso Kitchen —como el espionaje a bufetes y la gestión de empresas como Cenyt— tienen naturaleza civil y mercantil, no exclusivamente penal. Por tanto, corresponderían a juzgados de lo Mercantil o lo Contencioso-Administrativo.
La Audiencia Nacional solo es competente en delitos de terrorismo, corrupción institucional y delitos contra la Administración de Justicia, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Fiscalía sostiene que los hechos integran un entramado de cohecho, tráfico de influencias y lavado de capitales, lo que justifica su conocimiento.
¿Qué implica la competencia en términos económicos?
La elección del órgano judicial afecta directamente los costes procesales, los plazos de resolución y el alcance de las medidas cautelares. Un juicio en lo Mercantil podría haber limitado la confiscación de activos vinculados a Herrero y Asociados, mientras que la Audiencia Nacional ha autorizado el embargo de cuentas y bienes por valor de más de 4,2 millones de euros.
¿Qué dice el marco legal sobre la dualidad de roles?
El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce el derecho a la defensa técnica propia, pero el artículo 120 exige que el acusado no perturbe el desarrollo del juicio. Villarejo ha sido reprendido en varias ocasiones por la sala por preguntas fuera de lugar y por acumular funciones de testigo, acusado y interrogador.
¿Qué pasa con la ética profesional?
El Código Deontológico del ICAM prohíbe la representación cuando exista conflicto de intereses manifiesto. Defenderse a sí mismo mientras denuncia a fiscales y periodistas constituye un riesgo grave para la integridad del proceso y la confianza pública en la justicia.
Datos Clave
- Villarejo está colegiado como abogado desde 2020 y ha intervenido en al menos 7 vistas del caso Tándem y caso Kitchen.
- La Fiscalía Anticorrupción le pide 19 años de prisión, 12 años de inhabilitación y el decomiso de 4,2 millones de euros.
- El pago de 300.000 euros por Herrero y Asociados a Cenyt fue el detonante del espionaje a un bufete competidor.
- La Audiencia Nacional ha admitido más de 200 pruebas, incluyendo chats cifrados, facturas falsas y grabaciones ilegales.
- El exministro Fernández Díaz impugnó la competencia en diciembre de 2025, y la sala aún no ha resuelto la cuestión de nulidad.
¿Cuál es el impacto real de esta estrategia procesal?
Más allá del caso concreto, la figura de Villarejo como acusado-abogado está redefiniendo los límites de la garantía procesal en España. Su práctica no es aislada: en 2025, 12 acusados en causas de corrupción recurrieron a la defensa propia con colegiación reciente. Esto presiona al Consejo General de la Abogacía para revisar los protocolos de admisión de colegiados con causas penales abiertas. Desde el punto de vista económico, los juicios con doble rol se alargan un 40 % de media, incrementando los costes públicos en más de 1,8 millones de euros anuales. Legalmente, el vacío normativo sobre la dualidad funcional exige una reforma urgente del Reglamento de la Abogacía y de la LECrim.
