El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un auto que concluye que el incendio ocurrido en La Isleta, donde una menor resultó gravemente herida el pasado 16 de julio, fue de origen fortuito. Esta decisión, dictada por el magistrado Tomás Martín, ha llevado a la libertad provisional del investigado, quien había estado en prisión preventiva. La resolución indica que no hay indicios de un ataque doloso, aunque se mantienen ciertas medidas de control mientras se investiga si el fuego pudo ser causado por imprudencia.
### Contexto del Incendio y las Lesiones
El joven investigado, que solía residir en la casa ocupada donde se produjo el incendio, enfrentaba inicialmente un cargo por lesiones graves. Los primeros informes médicos sugerían que las quemaduras de la menor podrían haber sido provocadas por un líquido inflamable vertido sobre su cuerpo. Esta hipótesis llevó a su detención y a la medida de prisión preventiva. Sin embargo, a lo largo de los dos meses de investigación, la situación ha cambiado drásticamente.
La propia víctima, en su declaración ante la Policía, ha coincidido con el relato del investigado, afirmando que el incendio fue accidental. Esta versión fue respaldada por la reconstrucción del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que no encontró evidencia de intencionalidad en el incidente. Los informes médicos posteriores también han matizado la hipótesis inicial, sugiriendo que la menor no fue rociada con un líquido inflamable, lo que refuerza la idea de que se trató de un accidente.
El auto del juez menciona un video en el que se observa a la menor y al investigado abrazándose en la vía pública tras salir del inmueble, lo que el magistrado interpreta como un signo de cooperación en la evitación del peligro. Este gesto ha sido clave para reconsiderar la naturaleza del incidente y la responsabilidad del investigado.
### Proceso Judicial y Medidas Cautelares
A pesar de la evolución en la investigación, el magistrado ha señalado que es necesario continuar con la indagación para descartar cualquier posible imprudencia por parte del investigado. Sin embargo, el auto también subraya que las acciones del joven para ayudar a la víctima atenuarían significativamente cualquier responsabilidad que pudiera tener en el inicio del fuego.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional solo es válida cuando existen indicios racionales de criminalidad y se cumplen fines legítimos como evitar la fuga o la destrucción de pruebas. En este caso, el juez ha determinado que la hipótesis de un ataque doloso ha sido desvirtuada por las declaraciones de la víctima y los informes médicos y técnicos. Por lo tanto, se considera desproporcionado mantener al investigado en prisión preventiva.
El juzgado ha acordado su libertad bajo ciertas condiciones, que incluyen la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal y la prohibición de salir de la isla. A pesar de su liberación, el joven sigue siendo considerado investigado mientras se determina si existió alguna imprudencia que pudiera haber contribuido al incendio.
Esta resolución puede ser recurrida en un plazo de tres días o en apelación en un plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, lo que podría dar lugar a un nuevo análisis del caso. La situación ha generado un gran interés en la comunidad, no solo por la gravedad del incidente, sino también por las implicaciones legales que podrían derivarse de la investigación en curso.
El caso del incendio en La Isleta pone de manifiesto la complejidad de las situaciones que involucran accidentes y lesiones, así como la importancia de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. A medida que avanza el proceso judicial, la atención se centrará en las decisiones que se tomen y en cómo se manejarán las posibles apelaciones.
