La huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana arranca el lunes 10 de mayo de 2026. A pesar de una oferta gubernamental de 1.050 euros anuales, reducción de burocracia y planes de climatización escolar, los sindicatos la rechazan. La tensión se agrava por el conflicto sobre servicios mínimos y la amenaza de otorgar sobresalientes a todos en 2º de Bachillerato. La Generalitat exige garantías para la EBAU, pero los docentes exigen cambios estructurales.
¿Por qué los sindicatos rechazan la oferta salarial de la Conselleria?
La Conselleria de Educación propuso un aumento de 1.050 euros anuales por docente. Eso supone un incremento medio del 3,2 %, muy por debajo de la inflación acumulada desde 2022. Los sindicatos denuncian que la oferta no corrige la pérdida real de poder adquisitivo, ni aborda la desigualdad salarial entre cuerpos docentes.
El aumento no compensa la brecha salarial real
- El salario medio de los profesores valencianos sigue 12,4 % por debajo del de Cataluña y 8,7 % del de Madrid.
- La oferta no incluye revalorización automática por IPC ni mecanismos de actualización anual vinculantes.
- No se revisan las retribuciones complementarias, como las de dirección o especialización, que representan hasta el 35 % del sueldo total.
¿Qué exigen los docentes además del salario?
Los sindicatos no solo piden más dinero. Exigen cambios profundos en las condiciones de trabajo. La burocracia docente consume, según estudios del CEAPA, hasta 18 horas semanales en tareas administrativas no pedagógicas. Eso reduce el tiempo para preparar clases, atender alumnado o evaluar con criterio.
La climatización escolar es un problema de salud y derecho
- El 62 % de los centros públicos valencianos carecen de aire acondicionado o sistemas de refrigeración eficaces.
- En 2025, 47 colegios e institutos superaron los 35 °C durante más de 15 días lectivos.
- La falta de inversión en infraestructura viola el Real Decreto 110/2015, que exige condiciones ambientales adecuadas para el ejercicio del derecho a la educación.
¿Por qué la Generalitat exige servicios mínimos en 2º de Bachillerato?
La Conselleria condiciona la continuidad de las negociaciones a que los docentes garanticen la evaluación final de los estudiantes de 2º de Bachillerato. Sin esas calificaciones, los alumnos no podrían inscribirse en la EBAU, ni acceder a la universidad.
El marco legal del conflicto es ambiguo
- La Ley Orgánica 8/2013 reconoce el derecho a la huelga, pero también establece que los servicios mínimos deben garantizar derechos fundamentales.
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha ratificado que la evaluación de Bachillerato es un servicio esencial, no meramente administrativo.
- Sin embargo, la normativa no especifica quién debe prestarlo ni cómo se designa al personal, generando vacíos de aplicación.
¿Cuál es el impacto económico real del paro docente?
El paro afecta a más de 52.000 docentes y 1,2 millones de alumnos. El coste diario estimado para la Generalitat supera los 4,2 millones de euros, entre salarios, transporte escolar y servicios complementarios. Pero el impacto económico va más allá: se calcula que cada día de huelga retrasa en promedio 1,8 horas lectivas, lo que equivale a una pérdida de 32.000 horas pedagógicas diarias.
Datos Clave
- La oferta salarial de la Conselleria implica 100 millones de euros anuales, pero el déficit acumulado en retribuciones docentes desde 2012 supera los 720 millones.
- El 89 % de los centros públicos valencianos no cumplen con los índices de carga burocrática recomendados por la OCDE.
- La Generalitat ha destinado solo el 0,4 % del presupuesto educativo 2026 a mejora de infraestructuras climáticas.
- El 73 % de los docentes encuestados por CCOO y UGT afirma que abandonaría la profesión en los próximos 5 años si no se resuelven las condiciones laborales.
¿Qué implica la amenaza de dar sobresalientes a todos?
La propuesta de otorgar sobresalientes universales en 2º de Bachillerato es una forma de desobediencia civil pedagógica. No es un acto individual, sino una acción colectiva para denunciar la falta de autonomía profesional y la presión institucional. Desde el punto de vista legal, podría vulnerar el principio de objetividad en la evaluación, pero también pone en evidencia la ausencia de mecanismos de arbitraje independientes ante decisiones impuestas por la Administración.
