Los profesores de la enseñanza concertada se sumaron este viernes a la movilización docente en Alicante. No lo hicieron contra la Conselleria de Educación, sino contra el Gobierno central. Exigen que la reducción de carga lectiva del Proyecto de Ley en tramitación en el Congreso se aplique también a sus centros. Su reclamo es claro: igualdad real en condiciones laborales y financiación justa para los 1,2 millones de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
¿Por qué los docentes de la concertada protestan en 2026?
La protesta responde a una brecha legal y práctica. El Proyecto de Ley de reducción de carga lectiva contempla 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 en Secundaria y FP. Pero esta medida no incluye explícitamente a la concertada, pese a que sus profesores también trabajan 25 horas lectivas semanales.
Esto genera una desigualdad estructural. Los docentes de la concertada preparan clases, coordinan equipos y atienden alumnado con los mismos estándares que la pública, pero sin los mismos derechos laborales.
El impacto en la calidad educativa
Una carga lectiva superior reduce el tiempo disponible para preparación de clases, coordinación docente, atención individualizada y evaluación formativa. Según FISIE-CV y UGT, esto no es solo un problema de bienestar profesional: es un riesgo para la calidad educativa.
Los centros concertados atienden al 27 % del alumnado no universitario en España. Su deterioro afecta directamente a la equidad del sistema educativo.
¿Qué exigen exactamente los sindicatos de la concertada?
Los sindicatos FISIE-CV y UGT reclaman tres medidas concretas:
- La extensión de la reducción de carga lectiva a todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos.
- Una financiación adecuada y actualizada, basada en el coste real del puesto escolar.
- La reactivación de los grupos de trabajo sobre financiación, especialmente para el personal de administración y servicios (PAS), cuyos salarios y condiciones están estancados desde 2022.
Estas demandas no son sectoriales: son exigencias de sostenibilidad del modelo educativo mixto.
La dimensión económica del conflicto
La enseñanza concertada representa el 18 % del gasto público educativo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, su financiación por alumno es un 12 % inferior a la de la pública, según el Informe Anual de la Inspección Educativa 2025. Esa brecha se agrava con la inflación y el aumento de costes operativos.
Cada hora lectiva no remunerada o mal financiada se traduce en contrataciones precarias, rotación de docentes y sobrecarga en el PAS.
¿Qué paros están previstos en junio?
La movilización continúa con tres paros parciales de una hora, los días 3, 10 y 17 de junio. Están convocados por cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada. No son huelgas totales, sino acciones simbólicas para mantener la presión legislativa.
Estos paros coinciden con la fase final de enmiendas al Proyecto de Ley en el Congreso. Su objetivo es asegurar que la norma no quede incompleta ni excluyente.
El marco legal en juego
El Proyecto de Ley está sujeto al principio de igualdad de trato recogido en el artículo 14 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 251/2022) ha reiterado que los docentes de centros concertados tienen derechos laborales equiparables cuando desempeñan funciones públicas con fondos públicos.
Además, la Ley Orgánica 2/2006 (LOE) y su reforma en la LOMLOE reconocen la concertación como parte integrante del sistema educativo. Excluirla de mejoras estructurales contradice su naturaleza constitucional.
Datos Clave
- La carga lectiva actual en la concertada es de 25 horas semanales, frente a las 23 propuestas para Infantil y Primaria.
- El 27 % del alumnado no universitario español estudia en centros concertados.
- La financiación por alumno en la concertada es un 12 % inferior a la de la pública en la Comunidad Valenciana.
- Los paros parciales están programados los días 3, 10 y 17 de junio de 2026.
- FISIE-CV y UGT exigen la reactivación de los grupos de trabajo sobre el coste real del puesto escolar.
- El Proyecto de Ley en el Congreso no menciona expresamente a la concertada, generando incertidumbre jurídica.
