El Ayuntamiento de Alicante ha ampliado de forma permanente el horario de verano para terrazas: desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre. Esta medida afecta directamente a más de 1.200 establecimientos hosteleros y redefine el equilibrio entre actividad económica, convivencia vecinal y cumplimiento normativo. La modificación entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
¿Qué establece la nueva Ordenanza de Ocupación de Vía Pública en Alicante?
La reforma aprobada el 28 de mayo de 2026 modifica los periodos y horarios de ocupación temporal de la vía pública. El PP y Vox impulsaron la iniciativa con apoyo mayoritario. PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos votaron en contra.
El cambio más relevante es la fijación de un horario de verano extendido: 1 de mayo al 1 de noviembre. Este periodo ya no es excepcional, sino estructural. Se convierte en el nuevo estándar anual para terrazas.
Horarios diferenciados por días
- De domingo a jueves: cierre a la 1:00 h.
- Viernes, sábados y vísperas de festivo: cierre a la 1:30 h.
- Fuera de ese periodo (noviembre–abril): cierre a las 24:00 h y 1:00 h, respectivamente.
La concejala Cristina Cutanda justificó la medida como una adaptación a la climatología mediterránea y un impulso al sector turístico. No altera los horarios de descanso vecinal previstos en la ordenanza anterior.
¿Cómo impacta esta modificación en la economía local?
Alicante recibe más de 3,2 millones de turistas al año. El 42 % de ellos visita la ciudad entre mayo y octubre. Las terrazas generan el 28 % de los ingresos anuales del comercio hostelero en el casco urbano.
La ampliación del horario de verano representa un incremento estimado del 12 % en facturación nocturna para bares y restaurantes del centro histórico. Esto se traduce en más empleo estable: se prevén 320 nuevos puestos de trabajo temporales en 2026, según el informe del Observatorio Económico Municipal.
Sin embargo, el impacto no es uniforme. Los barrios con alta densidad residencial, como El Barrio o El Carmen, reportan un aumento del 17 % en reclamaciones por ruido desde 2025. Esto evidencia una tensión creciente entre dinamización económica y calidad de vida.
¿Qué marco legal regula la ocupación de vía pública en Alicante?
La nueva ordenanza se sustenta en tres pilares legales:
- La Ley 7/2021 de Rehabilitación Urbana y Vivienda, que atribuye a los ayuntamientos competencia para regular el uso del espacio público.
- El Reglamento General de Policía de la Comunidad Valenciana, que fija límites acústicos y horarios de descanso.
- La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que exige evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana en reformas de este calado.
Aunque la ordenanza fue aprobada por pleno, no se realizó consulta previa a las juntas vecinales ni se publicó estudio de impacto acústico. Esto abre posibilidades de recurso ante la Audiencia Provincial.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente?
En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló una ordenanza similar en Benidorm por falta de informe técnico previo. El fallo establece que la mera justificación climatológica no sustituye el análisis técnico obligatorio.
¿Qué datos clave debes conocer sobre la nueva normativa?
- La temporada de horario extendido es permanente: ya no depende de resolución anual.
- Se aplica a todas las licencias vigentes de ocupación de vía pública, sin necesidad de renovación.
- El límite acústico sigue siendo de 45 dB(A) entre las 22:00 y las 08:00 h, según el Reglamento de Policía.
- Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 300 € y 3.000 €, según gravedad y reincidencia.
- El Ayuntamiento prevé instalar sensores de ruido en 12 zonas críticas antes de septiembre de 2026.
¿Qué implica para los ciudadanos y los negocios?
Los propietarios de terrazas deben revisar sus licencias antes del 30 de junio. Algunas condiciones antiguas —como horarios fijos o limitaciones de superficie— pueden quedar obsoletas. En cambio, los vecinos pueden presentar reclamaciones formales ante la Oficina de Atención al Ciudadano si se superan los niveles de ruido permitidos.
La medida refleja una apuesta clara por el turismo como eje económico. Pero también expone una brecha creciente entre política urbana y gobernanza participativa. Sin evaluación técnica previa ni diálogo con las juntas vecinales, la sostenibilidad del modelo queda en entredicho.
La tridimensionalidad del cambio es clara: desde lo contextual (clima y turismo estacional), lo económico (empleo y facturación), y lo legal (cumplimiento de procedimientos y riesgo de anulación judicial). No es solo una cuestión de horarios: es una decisión sobre cómo se diseña la ciudad del futuro.
