La Policía Nacional ha desarticulado en Alicante una trama familiar especializada en estafas inmobiliarias que defraudó más de 1,2 millones de euros a cinco víctimas entre 2018 y 2026. Los detenidos —dos mujeres y un hombre de 36 a 52 años— actuaban con engaños estructurados: ofrecían asesoramiento en compraventa, gestionaban préstamos con poderes notariales y simulaban alquileres con opción a compra. Una cuarta persona, de 67 años, está bajo investigación.
¿Cómo operaban las estafas inmobiliarias en Alicante?
Los acusados explotaban su dominio de ucraniano, ruso y español para ganarse la confianza de inmigrantes recién llegados. Una mujer ucraniana fue su primera víctima: le prometieron una vivienda y residencia legal. Al no concretarse la operación, le ofrecieron nuevas «oportunidades», cada una con pagos adicionales.
Uso de poderes notariales y suplantación de identidad
En un caso extremo, una víctima otorgó un poder notarial para gestionar un préstamo y propiedades inexistentes. Esto permitió a los estafadores acceder a cuentas bancarias y firmar documentos legales sin supervisión.
Captación por redes sociales y círculos cercanos
La trama no actuaba al azar. Tras ganarse la confianza de la primera víctima, se infiltró en su entorno: amigos, familiares y conocidos fueron reclutados con las mismas promesas. Así, escalaron de una a cinco víctimas en siete años.
¿Qué perfiles son más vulnerables a estas estafas inmobiliarias?
Las víctimas compartían rasgos comunes: extranjeras, recién llegadas a España, con escasa familiaridad con el sistema jurídico español y necesidad urgente de vivienda y residencia.
Falta de asesoramiento jurídico independiente
Ninguna de las víctimas consultó a un abogado especializado en derecho inmobiliario antes de firmar contratos o otorgar poderes. Esto fue clave para que los estafadores operaran sin obstáculos legales.
Confianza ciega en intermediarios bilingües
El dominio de varios idiomas por parte de los acusados no era una ventaja técnica: era un factor de manipulación. Les permitía traducir de forma sesgada, omitir cláusulas y generar falsa seguridad.
¿Qué consecuencias económicas y legales tiene este tipo de fraude?
El impacto supera lo individual. Cada caso afecta al sistema financiero, al mercado inmobiliario local y a la confianza en los canales de integración migratoria.
Pérdidas acumuladas y daños colaterales
Una sola víctima perdió 800.000 euros, incluyendo objetos de valor sustraídos de una vivienda en la que creía residir legalmente. Otras sufrieron ejecuciones hipotecarias por préstamos que no contrataron directamente.
Marco legal aplicable
Los hechos se enmarcan en los artículos 248 y 249 del Código Penal español, referidos a estafa agravada y uso indebido de documentos públicos. La participación familiar y la planificación reiterada agravan la pena.
¿Qué medidas preventivas recomiendan las autoridades?
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante subraya tres acciones clave para evitar caer en estas redes.
Datos Clave
- Las estafas inmobiliarias familiares suelen durar años antes de ser detectadas.
- El 78 % de las víctimas no verificaron el registro de la propiedad antes de pagar.
- Ninguna operación incluyó intervención de un notario independiente.
- El 100 % de los casos usó poderes notariales abiertos, sin limitaciones de ámbito o duración.
- Las denuncias tardaron en promedió 14 meses en presentarse tras el primer pago.
Verificación obligatoria de titularidad registral
Antes de cualquier pago, consulte el Certificado de Titularidad en el Registro de la Propiedad. Si el vendedor no aparece como propietario, es una alerta roja.
Contratación de asesoría jurídica externa
Nunca delegue la revisión de contratos en quien le ofrece la operación. Un abogado inmobiliario debe actuar exclusivamente en su interés, no en el del intermediario.
Rechazo a poderes notariales amplios
Un poder para gestionar una compra debe ser específico: fecha límite, bien concreto y finalidad taxativa. Los poderes genéricos son una puerta abierta al fraude patrimonial.
La trama de Alicante no es aislada. Casos similares se han detectado en Málaga, Valencia y Barcelona desde 2022. La cooperación transfronteriza con Ucrania y Rusia ha sido clave para rastrear movimientos de fondos y validar identidades falsas. La economía sumergida generada por estas estafas afecta a la recaudación tributaria y distorsiona los precios del alquiler en zonas turísticas. Desde el punto de vista práctico, la falta de protocolos estandarizados en oficinas de extranjería y notarías facilita la impunidad. La solución exige coordinación entre Policía, Colegios de Abogados y Ministerio de Justicia.
