Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido un fallo que ha sacudido la gestión del albergue municipal de Alicante, conocido como el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS). Esta decisión no solo afecta a la administración local, sino que también tiene un impacto significativo en los trabajadores que han estado al servicio de este centro. La sentencia declara la «invalidez jurídica» de los pliegos del contrato para la gestión del CAUS, lo que implica que el Ayuntamiento de Alicante deberá realizar cambios sustanciales en su enfoque hacia la subrogación del personal que trabajaba en el anterior servicio.
### La nulidad del contrato y sus implicaciones
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha anulado el presupuesto de licitación, que estaba fijado en 1,2 millones de euros, y ha ordenado al Consistorio que tome las «decisiones pertinentes» para implementar las nulidades declaradas. Esta decisión se origina a raíz de un recurso interpuesto por la Fundación Salud y Comunidad, que había sido la adjudicataria del servicio durante más de dos décadas. La fundación argumentó que el nuevo contrato era prácticamente «idéntico» al anterior y que, por lo tanto, debía aplicarse la obligación de subrogación de acuerdo con el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El tribunal ha destacado que, a pesar de que el nuevo contrato no incluía la «atención integral psicosocial», existen suficientes similitudes entre ambos contratos que justifican la subrogación del personal. En su análisis, los magistrados concluyeron que los servicios se prestan en el mismo edificio, a los mismos usuarios y con una plantilla similar, lo que refuerza la idea de que se trata esencialmente del mismo servicio. Esta interpretación contrasta con la decisión previa del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que había desestimado el recurso de la fundación, argumentando que el nuevo contrato no era una mera continuación del anterior.
### La defensa de los derechos laborales
Otro aspecto crucial de la sentencia se refiere al convenio colectivo aplicable. El Ayuntamiento había optado por aplicar el convenio estatal de Acción e Intervención Social, pero el TSJCV sostiene que debió utilizar el convenio que regía en las licitaciones anteriores del CAI, el cual es más favorable para los trabajadores y establece explícitamente la obligación de subrogación y el mantenimiento del empleo. Esta decisión es un triunfo para los derechos laborales, ya que garantiza que los trabajadores que han estado al servicio del CAI no queden desprotegidos ante cambios en la gestión del servicio.
La sentencia también señala que el nuevo contrato preveía una ligera reducción en el número de empleados, pasando de 31,75 a 28,83, sin que el Ayuntamiento justificara adecuadamente esta diferencia. Esto pone de manifiesto la falta de pruebas que respalden una modificación real del servicio, sugiriendo que solo se ha realizado una reformulación administrativa en los pliegos.
El fallo del TSJCV no solo invalida las cláusulas que omitían la subrogación, sino que también afecta al presupuesto base, que fue calculado conforme a un convenio colectivo incorrecto. Esto implica que el Ayuntamiento deberá corregir la documentación y volver a licitar el contrato, esta vez incluyendo la subrogación del personal y conforme al convenio colectivo aplicable. Sin embargo, el tribunal ha limitado la nulidad a los pliegos, sin extenderla a todos los actos posteriores del proceso de contratación.
### Reacciones y próximos pasos
La resolución del TSJCV no es firme, lo que significa que el Ayuntamiento de Alicante tiene la opción de presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJCV. El plazo para recurrir es de treinta días desde la notificación, lo que añade un elemento de incertidumbre a la situación actual.
La situación ha generado un clima de tensión entre los trabajadores del CAI, quienes han comenzado a organizar protestas en defensa de sus derechos laborales. La incertidumbre sobre su futuro laboral y la posibilidad de indemnizaciones por despidos no asumidos por la nueva adjudicataria han llevado a los empleados a movilizarse, exigiendo que se respeten sus derechos y se garantice su continuidad en el servicio.
En este contexto, es fundamental que tanto el Ayuntamiento como las entidades involucradas en la gestión del CAUS actúen con responsabilidad y transparencia, garantizando que se respeten los derechos de los trabajadores y se mantenga la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad. La situación del CAI es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas instituciones en la gestión de servicios públicos, donde la protección de los derechos laborales debe ser una prioridad indiscutible.
