La política española se encuentra en un momento crucial, marcado por la incertidumbre sobre la duración de la legislatura y la posibilidad de elecciones anticipadas. Desde el verano, el presidente Pedro Sánchez ha estado implementando una estrategia que parece estar diseñada para crear un ambiente propicio para la convocatoria de elecciones en 2026, a pesar de que oficialmente se niega cualquier intención de adelantar los comicios. Esta situación se complica aún más por las recientes revelaciones judiciales que amenazan la estabilidad del Gobierno y su capacidad para avanzar en la agenda legislativa.
Uno de los elementos clave en esta estrategia es la movilización del electorado de izquierda, que ha sido crucial para el éxito de Sánchez en el pasado. Con el ascenso de Vox y la presión del Partido Popular, el Gobierno busca posicionarse como el defensor de los derechos sociales, especialmente en temas sensibles como el derecho al aborto. La reciente propuesta de blindar este derecho en la Constitución, aunque considerada inviable por muchos, sirve para mantener el tema en la agenda política y movilizar a los votantes.
### Estrategias de movilización electoral
La estrategia del Gobierno se basa en colocar en la agenda política asuntos que puedan movilizar a la izquierda. La propuesta de blindar el derecho al aborto es un claro ejemplo de ello. Aunque la reforma constitucional necesaria para llevar a cabo esta propuesta es complicada y carece de consenso, su mera existencia permite al Gobierno presentar una imagen de acción y compromiso con los derechos sociales. Esto es especialmente relevante en un contexto donde el PP y Vox han mostrado posturas que podrían ser percibidas como regresivas en materia de derechos de las mujeres.
Además, la situación en el Congreso es cada vez más complicada para el PSOE. Las revelaciones sobre la financiación ilegal del partido, que apuntan a una posible ‘caja B’, han generado desconfianza entre sus socios parlamentarios y han dificultado la aprobación de iniciativas legislativas. Algunos miembros de la coalición ya han expresado su preocupación por la posibilidad de que la legislatura no llegue a su fin en 2027, lo que ha llevado a una aceleración de proyectos emblemáticos en un intento por asegurar logros antes de un posible adelanto electoral.
La presión sobre el Gobierno también proviene de la necesidad de presentar unos Presupuestos Generales del Estado que sean atractivos y expansivos. La Vicepresidencia primera, encabezada por María Jesús Montero, ha insistido en que los próximos presupuestos incluirán un fuerte componente de gasto social, lo que podría ser utilizado como un argumento electoral en caso de que se convoquen elecciones anticipadas. Sin embargo, la dificultad para lograr el apoyo de sus socios, especialmente de Podemos y ERC, plantea serias dudas sobre la viabilidad de estas cuentas.
### La sombra de los escándalos judiciales
La situación se complica aún más con los procesos judiciales que afectan a miembros del Gobierno y del PSOE. En noviembre, se llevará a cabo el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, y se espera que se acerquen los juicios relacionados con el hermano y la esposa de Sánchez. Estos eventos podrían influir en la decisión del presidente sobre si convocar elecciones antes de que se celebren los juicios o esperar a que se resuelvan, lo que añade una capa de incertidumbre a la ya compleja situación política.
Las revelaciones sobre los manejos de dinero de José Luis Ábalos, exministro y figura clave en el PSOE, han exacerbado la crisis de confianza en el partido. La posibilidad de que estas investigaciones judiciales afecten la imagen del Gobierno y su capacidad para gobernar es un factor que Sánchez debe considerar cuidadosamente. La presión de los escándalos judiciales podría llevar a un clima de inestabilidad que haga aún más probable la convocatoria de elecciones anticipadas.
En este contexto, el Gobierno también está intentando desatascar iniciativas legislativas que han quedado estancadas, como la reforma de la ley mordaza. La presión de sus socios para avanzar en estos temas es palpable, y muchos consideran que sería un fracaso terminar la legislatura sin haber abordado reformas significativas. La situación actual exige que el Gobierno actúe con rapidez y eficacia para asegurar su supervivencia política y la de sus proyectos.
La política española se encuentra en un momento de tensión y expectativa, donde cada movimiento puede tener consecuencias significativas. La posibilidad de elecciones anticipadas, combinada con la presión de los escándalos judiciales y la necesidad de movilizar a la base electoral de izquierda, crea un escenario complejo que el Gobierno deberá navegar con cuidado en los próximos meses.
