La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) presentó una denuncia penal contra cinco exfuncionarios jesuitas por encubrimiento y complicidad en casos de violación agravada contra menores. El caso gira en torno al sacerdote español Luis María Roma, fallecido en 2019, y revela fallas sistémicas en la rendición de cuentas de órdenes religiosas en América Latina.
¿Qué denuncian las víctimas contra los exjefes jesuitas?
Las tres víctimas identificadas aportaron testimonios coherentes y coincidentes sobre abusos ocurridos entre 2005 y 2017. La denuncia señala que los acusados —Ignacio Suñol, Antonio Menacho, Osvaldo Chirveches, René Cardozo y Arturo Moscoso— tenían conocimiento directo o acceso a pruebas contundentes, incluidas 30 fotografías que mostraban a Roma en escenas sexualizadas con menores de 6 a 12 años.
La investigación interna de la Compañía de Jesús concluyó que los hechos eran verosímiles, pero no se activó el protocolo legal obligatorio. En lugar de ello, los hallazgos se archivaron bajo «reserva» por «disposiciones superiores».
¿Qué responsabilidad legal tienen los superiores religiosos en Bolivia?
En Bolivia, el Código Penal establece que el encubrimiento es un delito autónomo (Art. 295), punible con hasta 5 años de prisión. La omisión de denuncia ante autoridades competentes —cuando existe conocimiento cierto de un delito grave— constituye una forma de responsabilidad penal por omisión.
Además, la Ley 348 contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley 548 de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia imponen deberes de reporte inmediato a toda persona que tenga conocimiento de abuso infantil. Los religiosos no están exentos: su condición de autoridad eclesiástica refuerza su deber de protección.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente?
En 2024, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia ratificó que los superiores eclesiásticos pueden ser procesados por omisión dolosa cuando priorizan la reputación institucional sobre la integridad de menores. El fallo Caso Santa Cruz vs. Orden Franciscana sentó un precedente claro: la jerarquía religiosa no es un espacio de impunidad.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional para las órdenes religiosas?
Las demandas civiles derivadas de estos casos ya generan costos millonarios en otros países. En España, la Compañía de Jesús pagó más de 2,3 millones de euros en indemnizaciones entre 2020 y 2025. En Bolivia, el daño reputacional afecta directamente la capacidad de las órdenes para recibir fondos públicos, donaciones y convenios educativos.
El Ministerio de Educación ha iniciado una revisión de los 17 colegios jesuitas operativos en el país. Si se confirma negligencia institucional, podrían perder su reconocimiento oficial y acceso a subvenciones estatales.
¿Qué protocolos internos fallaron?
- La investigación interna no incluyó a autoridades civiles ni a la Defensoría del Pueblo.
- No se activó el Protocolo Nacional de Atención a Víctimas de Abuso Sexual Infantil.
- No se garantizó la participación de psicólogos forenses ni defensores de menores.
¿Qué implica este caso para la gobernanza eclesiástica en América Latina?
Este caso no es aislado. Desde 2022, 11 denuncias similares han sido presentadas contra órdenes religiosas en Perú, Chile y Colombia. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) ha sido presionada para adoptar un sistema de auditoría externa obligatoria en casos de abuso.
La Santa Sede publicó en 2023 las Directrices para la Protección de Menores, pero su aplicación sigue siendo discrecional. En Bolivia, ningún obispado ha implementado aún un sistema de reporte anónimo verificable ni un comité independiente de ética.
Datos Clave
- Las tres víctimas denunciaron abusos ocurridos entre 2005 y 2017, en La Paz y Santa Cruz.
- La investigación interna jesuita concluyó verosimilitud del caso, pero no se denunció a las autoridades.
- El sacerdote Luis María Roma murió en 2019 sin ser procesado penalmente.
- La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía de La Paz el 27 de marzo de 2026.
- Los cinco acusados ocuparon cargos de máxima responsabilidad entre 2010 y 2021.
La tridimensionalidad de este caso revela una fractura crítica: entre el marco legal boliviano —cada vez más exigente—, la realidad operativa de las órdenes religiosas —con protocolos internos opacos— y el costo humano y económico de la impunidad. La justicia no solo busca sancionar, sino reestructurar los mecanismos de control institucional que permitieron el silencio.
