Los centros de atención a personas con discapacidad en l’Horta Nord enfrentan una grave crisis financiera que ha dejado a más de 50 trabajadores sin cobrar sus salarios durante dos meses. Esta situación se debe a la falta de subvenciones por parte de la Conselleria de Igualdad, que ha incumplido sus obligaciones de pago para el año 2025. Los cinco centros ocupacionales afectados, ubicados en Massamagrell y Alboraia, dependen en su totalidad de la financiación pública, y la ausencia de estos fondos ha llevado a una situación insostenible para los empleados y las familias que dependen de estos servicios.
Los centros, que atienden a más de 300 familias en la comarca, incluyen dos centros ocupacionales, dos de atención temprana y un centro de día. La financiación proviene principalmente de la Conselleria de Igualdad, que debería cubrir los salarios, materiales, mantenimiento y otros gastos operativos. Sin embargo, desde el inicio del año, no se ha recibido ninguna aportación, lo que ha llevado a los trabajadores a una situación de incertidumbre y desesperación.
### La Realidad de los Impagos
Los empleados han denunciado que, a pesar de sus esfuerzos por mantener los centros en funcionamiento, la falta de recursos está afectando gravemente la calidad de los servicios que pueden ofrecer. «Estamos trabajando sin saber cuándo podremos cobrar», afirman. La situación se ha vuelto crítica, ya que los trabajadores han agotado todas las opciones para obtener financiación alternativa, incluyendo préstamos bancarios, que solo agravan la situación con altos intereses.
La deuda acumulada por la Conselleria de Igualdad con el consorcio comarcal supera los dos millones de euros, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios. Los trabajadores han expresado su frustración, indicando que las respuestas a sus reclamaciones han sido ambiguas y sin resultados concretos. «No podemos aguantar más», advierten, anunciando que se están organizando para llevar a cabo acciones reivindicativas en busca de soluciones.
Esta no es la primera vez que los centros enfrentan problemas de financiación. En años anteriores, como en 2012 y 2018, los trabajadores ya sufrieron impagos que llevaron a protestas y cierres temporales de los centros. La repetición de esta situación ha generado un clima de desconfianza y desánimo entre los empleados, quienes sienten que sus derechos laborales están siendo vulnerados.
### Impacto en las Familias y la Comunidad
La crisis no solo afecta a los trabajadores, sino también a las familias que dependen de los servicios que ofrecen estos centros. Los padres de los niños con discapacidad y dificultades de aprendizaje se encuentran en una situación de angustia, ya que la falta de recursos puede comprometer el desarrollo y bienestar de sus hijos. La atención temprana y los programas de apoyo son esenciales para el desarrollo de estos niños, y la interrupción de estos servicios podría tener consecuencias a largo plazo.
Los centros ocupacionales y de atención temprana juegan un papel crucial en la integración social y laboral de las personas con discapacidad. La falta de financiación no solo pone en riesgo los empleos de los trabajadores, sino que también limita las oportunidades de desarrollo para los usuarios de estos servicios. Las familias se ven obligadas a buscar alternativas, muchas veces costosas y menos efectivas, para garantizar el apoyo que sus hijos necesitan.
La situación ha llevado a los trabajadores a exigir una respuesta inmediata por parte de la Conselleria de Igualdad. La falta de acción por parte de las autoridades ha generado un sentimiento de abandono y desamparo entre los empleados y las familias afectadas. La comunidad se une en apoyo a los trabajadores, reconociendo la importancia de estos centros en la vida de muchas personas.
En medio de esta crisis, los trabajadores han decidido alzar la voz y organizarse para exigir sus derechos. Están preparando un calendario de acciones que incluirá protestas y movilizaciones para visibilizar su situación y presionar a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones. La lucha por la dignidad laboral y el derecho a recibir un salario justo es una batalla que no están dispuestos a perder.
La crisis en los centros de atención a personas con discapacidad en l’Horta Nord es un reflejo de un problema más amplio en el sistema de servicios sociales. La falta de financiación adecuada y el incumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones ponen en riesgo no solo los empleos, sino también el bienestar de las personas más vulnerables de la sociedad. La comunidad espera que se tomen medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar que los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad sean respetados.
