La situación de los empleados de los centros sociales en Alicante se ha vuelto insostenible debido a los impagos que han afectado a un gran número de trabajadores. Jorge, un técnico de integración social, comparte su experiencia: «Cada día recorro 35 kilómetros desde Castalla hasta Alicante para trabajar y ya no me queda dinero para la gasolina». Este testimonio refleja la dura realidad que enfrentan alrededor de 130 empleados de diversos centros dedicados a la atención de mayores, personas con discapacidad y menores, quienes llevan meses sin recibir su salario. Las deudas acumuladas por trabajador oscilan entre 1.000 y 4.000 euros, lo que ha llevado a algunos a buscar soluciones desesperadas, como solicitar adelantos a sus bancos, aunque sin éxito, o incluso a donar óvulos para poder cubrir sus gastos básicos.
La problemática no se limita a los impagos. Los trabajadores también han denunciado condiciones laborales precarias, como la falta de alta en la Seguridad Social y la escasez de personal. En algunos casos, empleados temporales han estado trabajando sin cobrar desde agosto. La situación ha llevado a protestas en las puertas de la Residencia de Personas con Discapacidad Santa Faz, donde los trabajadores expresaron su impotencia y frustración. «Va a haber un momento en el que no tengamos dinero para gasolina y no podamos ir a trabajar. De momento estamos cumpliendo porque no queremos dejar sin servicio a los usuarios», comentó otro de los afectados.
### Condiciones Inadecuadas y Problemas de Seguridad
Además de los impagos, los empleados han denunciado condiciones de trabajo inadecuadas y problemas de seguridad en los centros. En el CAMP Santa Faz, los trabajadores han reportado la presencia de ratas y otros problemas de plagas, lo que ha generado preocupación entre el personal y los usuarios. «Hemos llegado a encontrar excrementos en las mesitas de noche de los usuarios», afirmó una de las trabajadoras, quien también mencionó la presencia de cucarachas en las instalaciones. Esta situación no solo afecta la calidad del servicio, sino que también pone en riesgo la salud de los usuarios y del personal.
Los especialistas en integración social han exigido el cobro del plus de peligrosidad, dado que enfrentan diariamente situaciones de agresividad por parte de algunos usuarios con diversidad funcional grave. «Llegamos a tener un centenar de partes de agresiones al mes, por arañazos, mordiscos…», advirtió una de las afectadas. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad en estos centros, así como de garantizar el pago puntual de los salarios.
### Respuesta Institucional y Movilización Social
La situación ha llamado la atención de representantes políticos, quienes se han solidarizado con los trabajadores en sus protestas. Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, se unió a los afectados y se comprometió a exigir explicaciones al Consell sobre la situación de los impagos. Durante la protesta, Mas criticó al Partido Popular por su gestión y por lo que considera un intento de privatizar los servicios sociales. «Nos costó mucho dignificar estos Servicios Sociales durante ocho años, y ahora vemos cómo se están desmantelando», afirmó.
El PSPV también ha manifestado su preocupación por la situación y ha vinculado los impagos a una estrategia para debilitar los servicios sociales públicos. Según los socialistas, el problema radica en la gestión del Consell y en incidencias administrativas que han llevado a esta crisis. En respuesta a la situación, los sindicatos UGT, CC OO, CSIF e Intersindical han convocado una movilización conjunta para el próximo 5 de febrero en la Rambla de Alicante, con el objetivo de dar visibilidad a esta problemática y exigir soluciones inmediatas.
La crisis en los centros sociales de Alicante es un reflejo de un problema más amplio que afecta a los servicios públicos en la región. La falta de recursos y la precariedad laboral son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia para garantizar el bienestar de los trabajadores y de los usuarios que dependen de estos servicios. La movilización social y la presión política son fundamentales para lograr cambios significativos y mejorar las condiciones de trabajo en el sector social.
