La reciente polémica en torno a la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante ha puesto en el centro del debate político a los socialistas, quienes han exigido la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. Este escándalo se ha desatado tras la revelación de que varias de estas viviendas han sido asignadas a personas con vínculos directos al Ayuntamiento, lo que ha llevado a los socialistas a calificarlo como uno de los «escándalos urbanísticos» más significativos de la gestión del alcalde Luis Barcala. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha denunciado que la promoción de Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, se ha convertido en un símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad, donde jóvenes y familias se ven forzados a abandonar sus hogares debido a la falta de opciones de alquiler asequibles.
La promoción de Les Naus, que cuenta con instalaciones de lujo como piscina, zonas deportivas y un gimnasio, ha sido objeto de críticas por parte de los socialistas, quienes argumentan que el proceso de adjudicación careció de la transparencia necesaria. Barceló ha señalado que el pliego de condiciones para la licitación de la parcela no incluía mecanismos de control adecuados, lo que ha permitido que personas vinculadas al Consistorio accedan a estas viviendas. Además, ha recordado que el PSOE solicitó en 2018 una comisión de seguimiento para supervisar el proceso, pero esta fue rechazada por el PP.
Por su parte, José Díaz, diputado autonómico y portavoz de la gestora del PSOE en Alicante, ha ampliado la crítica hacia el Consell, denunciando el «silencio atronador» del presidente de la Generalitat y la consellera de Vivienda. Díaz ha anunciado que el grupo socialista exigirá explicaciones en las Cortes y ha solicitado documentación para esclarecer qué controles han fallado en el proceso de adjudicación. El objetivo es reunir información suficiente para fundamentar una denuncia ante la Fiscalía y la Agencia Valenciana Antifraude.
El escándalo ha cobrado mayor relevancia tras conocerse que entre los adjudicatarios de las viviendas se encuentran la concejala de Urbanismo, un arquitecto municipal y familiares de la directora general de Vivienda, lo que ha llevado al alcalde a ordenar la apertura de un expediente de investigación. Barcala ha manifestado que llevará el asunto a la Fiscalía ante cualquier sospecha de irregularidad, solicitando información a las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Contratación sobre el personal involucrado en el expediente.
El gestor de la cooperativa responsable de la promoción ha defendido el proceso, argumentando que la inscripción de las viviendas comenzó en 2018 y que existía una lista de espera considerable. Sin embargo, el PSOE sostiene que este caso ha generado una «quiebra total» de confianza en el sistema de adjudicación de viviendas, especialmente en un contexto de crisis habitacional.
La decisión del PSOE de acudir a la Agencia Valenciana Antifraude se produce en un momento en que el organismo ha sido objeto de críticas por parte de Transparencia Internacional y otras entidades que han alertado sobre un posible debilitamiento de su independencia. Las reformas impulsadas por el Consell han sido cuestionadas por la oposición, que teme que se establezca un control político sobre un órgano diseñado para fiscalizar las administraciones.
Este escándalo no solo ha puesto en entredicho la gestión del Ayuntamiento de Alicante, sino que también ha reavivado el debate sobre la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en los procesos de adjudicación de viviendas públicas. En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crítico para muchas familias, la situación en Alicante podría ser un reflejo de problemas más amplios en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad política.
La presión sobre el alcalde Barcala y la consellera Camarero continúa creciendo, mientras los socialistas insisten en que no permitirán que este escándalo quede impune. La falta de respuestas claras y la necesidad de rendición de cuentas son ahora más relevantes que nunca, en un momento en que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones se encuentra en un punto crítico. La situación en Alicante es un recordatorio de la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de proteger los intereses de la ciudadanía frente a posibles abusos de poder.
