La reciente polémica en torno a la adjudicación de viviendas en el residencial Les Naus, ubicado en La Condomina, ha generado un intenso debate en Alicante. La gestora del proyecto, Fraorgi SLU, ha emitido un comunicado en el que defiende la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación, desmarcándose de las acusaciones que sugieren irregularidades en la asignación de estas viviendas de protección pública (VPP).
### Contexto de la Adjudicación de Viviendas
La controversia surgió tras la revelación de que varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, incluyendo a la concejala de Urbanismo y a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, habían adquirido pisos en esta promoción. Esto llevó a cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación. En respuesta, Fraorgi SLU ha aclarado que las viviendas no fueron adjudicadas por el Ayuntamiento, sino que la cooperativa fue la encargada de realizar la asignación entre sus socios.
La gestora enfatiza que se trata de una promoción de VPP de carácter privado, en régimen de cooperativa, lo que implica que los socios son quienes financian la construcción y asumen los riesgos asociados a posibles sobrecostes. Este modelo cooperativo se diferencia de las VPP de promoción pública, donde la administración tiene un papel más activo en la adjudicación.
Además, Fraorgi SLU ha señalado que la parcela donde se construyó el residencial fue adquirida a través de un concurso público, en el que participaron cinco licitadores. La adjudicación del suelo se produjo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que obligó al Ayuntamiento a continuar con el procedimiento de adjudicación tras anular una decisión municipal previa.
### Proceso de Adjudicación y Requisitos
La gestora ha defendido que el cumplimiento de los requisitos para la adquisición de las viviendas se verifica mediante un proceso riguroso. Según su comunicado, la conselleria revisa los datos económicos de los solicitantes de manera objetiva, utilizando información proporcionada por la Agencia Tributaria. Esto asegura que solo aquellos que cumplen con los criterios establecidos puedan acceder a las viviendas.
Francisco Ordiñana, responsable de la entidad y gestor de la cooperativa, ha declarado que la demanda por las viviendas era significativamente mayor que la oferta. La captación de interesados comenzó años antes de la construcción, lo que permitió a la cooperativa contar con una lista de espera considerable. Ordiñana ha afirmado que, desde 2018, la cooperativa ya tenía un gran número de personas interesadas, lo que facilitó el proceso de adjudicación sin necesidad de publicidad adicional.
El proceso de adjudicación también ha sido objeto de atención debido a su judicialización. Ordiñana ha confirmado que fue la cooperativa quien llevó el asunto a los tribunales, y que en 2021 obtuvieron una sentencia favorable que les permitió continuar con el proyecto. La gestora ha indicado que la adquisición del solar se formalizó el 29 de marzo de 2022, aunque Ordiñana ha mencionado que la compra se realizó a principios de ese año.
En cuanto a la selección de los socios, se ha mencionado que hubo sustituciones en la lista de interesados, ya que algunos no cumplían con los requisitos necesarios. Esto ha sido un punto clave en la defensa de la gestora, que sostiene que el proceso fue transparente y ajustado a la normativa vigente.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La controversia ha tenido repercusiones políticas significativas. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha dimitido tras la revelación de su vinculación con la promoción de vivienda protegida. Su renuncia ha sido interpretada como un reconocimiento de la gravedad de la situación y ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública.
Por otro lado, el partido Sumar ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, alegando irregularidades en la adjudicación de las viviendas. Esta acción ha intensificado el escrutinio sobre el proceso y ha llevado a otros políticos a expresar su preocupación por la situación. El alcalde de Alicante ha manifestado su intención de llevar cualquier sospecha a la Fiscalía, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos.
La situación ha puesto de relieve la necesidad de revisar y, posiblemente, reformar la normativa relacionada con la vivienda pública en Alicante. La gestora ha insistido en que su modelo de VPP privada en régimen cooperativo no debe ser confundido con las VPP de promoción pública, lo que ha generado un debate sobre la claridad y la regulación en este ámbito.
### Implicaciones para el Futuro de la Vivienda en Alicante
La controversia en torno a Les Naus no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la política de vivienda en Alicante. La creciente demanda de viviendas asequibles en la ciudad ha llevado a un aumento en la construcción de proyectos de VPP, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la equidad en la adjudicación y la transparencia en los procesos.
Es fundamental que las administraciones públicas y las entidades privadas que gestionan proyectos de vivienda trabajen juntas para garantizar que se cumplan los estándares de transparencia y equidad. La confianza de la ciudadanía en estos procesos es esencial para el éxito de futuras iniciativas de vivienda.
La situación actual en Les Naus podría servir como un caso de estudio sobre la importancia de la regulación y la supervisión en la adjudicación de viviendas protegidas. A medida que la ciudad de Alicante continúa enfrentando desafíos en el ámbito de la vivienda, es crucial que se implementen medidas que aseguren que todos los ciudadanos tengan acceso a opciones de vivienda asequibles y justas.
