La reciente controversia en torno al sistema de validación de billetes del TRAM de Alicante ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de las sanciones impuestas a los usuarios. La situación se ha vuelto crítica tras la denuncia presentada por una usuaria que, tras validar su billete correctamente, se encontró con una sanción que consideró injusta. Esta queja ha llevado al Síndic de Greuges, Ángel Luna, a cuestionar las prácticas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que gestiona el servicio de tranvías en la región.
La queja se originó cuando dos usuarias, al viajar en la línea Benidorm-Denia, validaron sus tarjetas del TRAM sin que el sistema indicara ningún error. Sin embargo, una revisora les informó que sus billetes no eran válidos para esa línea, lo que las llevó a pagar una sanción de 20 euros bajo la amenaza de una multa mayor. A pesar de presentar una reclamación, la respuesta de FGV justificó la actuación de la revisora, lo que llevó a las afectadas a acudir al Síndic de Greuges.
### La naturaleza de las sanciones impuestas
El Síndic ha calificado la actuación de FGV como una «sanción encubierta», argumentando que el procedimiento seguido para imponer estas sanciones carece de las garantías necesarias. Según Luna, el sistema de validación del TRAM permitió que las usuarias validaran sus billetes correctamente, lo que debería haber garantizado su derecho a viajar sin ser sancionadas. Sin embargo, la respuesta de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que supervisa a FGV, sostiene que la revisora actuó conforme al protocolo establecido, expidiendo un «título de regularización» por el que se exige un pago que puede llegar a ser de 100 euros.
Este título de regularización, según la normativa, se aplica a quienes viajan sin un billete válido. Sin embargo, el Síndic argumenta que esta práctica no solo es desproporcionada, sino que también vulnera derechos fundamentales, ya que impone un costo que no se corresponde con el precio del billete original, que no supera los cinco euros. La diferencia en los montos, según el defensor del pueblo, no puede considerarse simplemente una regularización contractual, sino que se asemeja más a un castigo económico.
Además, el Síndic ha señalado que el procedimiento seguido por FGV elude las garantías básicas que deberían estar presentes en un proceso sancionador. Esto incluye la falta de un trámite de audiencia para que los usuarios puedan presentar sus alegaciones, así como la ausencia de una resolución motivada que explique los hechos imputados. La falta de claridad en el proceso ha generado desconfianza entre los usuarios del TRAM, quienes se sienten desprotegidos ante posibles errores del sistema.
### Respuesta de la administración y el impacto en los usuarios
La administración ha defendido su postura, argumentando que el sistema de validación puede experimentar fallos técnicos que llevan a situaciones como la vivida por las usuarias. Según la conselleria, los equipos de validación pueden entrar en un «modo degradado» en el que permiten validar cualquier título de transporte, lo que puede resultar en confusiones para los usuarios. Sin embargo, el Síndic ha criticado esta justificación, señalando que el sistema debería ser capaz de advertir a los usuarios sobre la falta de validez de sus billetes antes de que se produzcan sanciones.
La situación ha generado un debate más amplio sobre la necesidad de reformar el sistema de transporte público en Alicante. Muchos usuarios han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la posibilidad de que errores del sistema se traduzcan en sanciones económicas. La administración tiene ahora un mes para responder a las consideraciones del Síndic, lo que podría llevar a cambios en la normativa o en la forma en que se gestionan las sanciones en el TRAM.
La controversia también ha puesto de relieve la importancia de la confianza en las instituciones públicas. Los usuarios del TRAM esperan que el sistema funcione de manera eficiente y que sus derechos sean respetados. La situación actual ha llevado a muchos a cuestionar si realmente están protegidos ante posibles errores administrativos y si las sanciones impuestas son justas y proporcionales.
En este contexto, el papel del Síndic de Greuges se vuelve crucial, ya que actúa como un defensor de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos por parte de la administración. La resolución de esta controversia no solo afectará a las usuarias involucradas, sino que también sentará un precedente sobre cómo se gestionan las sanciones en el transporte público en Alicante y, potencialmente, en otras regiones de España.
