Una hoja de ruta secreta de 2021 revela que Santos Cerdán y Leire Díez diseñaron un plan para reinstalar a Vicente Fernández como presidente de la SEPI, aunque estuviera imputado y su caso judicial estuviera abierto. El objetivo era mantener el control sobre una sociedad estatal que gestiona millonarios fondos públicos y decisiones estratégicas en sectores clave como energía, industria y telecomunicaciones.
¿Qué decía la hoja de ruta secreta de 2021?
El documento, hallado en la instrucción del juez Santiago Pedraz, proponía activar «todas las maniobras dilatorias» para evitar nuevos autos judiciales adversos contra Fernández durante la legislatura. La estrategia incluía presionar al Consejo de Ministros para su reapertura formal en la SEPI, con el respaldo explícito de la Fiscalía Anticorrupción.
Esto no era un mero deseo político. Era un plan operativo con cronograma, actores definidos y mecanismos de influencia previamente testados. La trama —bautizada internamente como ‘Hirurok’— integraba a Fernández, Cerdán, Díez, y al empresario Antxon Alonso.
El rol de la SEPI en la economía española
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no es una entidad cualquiera. Gestiona más de 12.000 millones de euros en activos y participa en empresas como Enusa, Red Eléctrica, Navantia o SEPI Holding. Su presidente tiene poder de veto en fusiones, nombramientos ejecutivos y reestructuraciones industriales.
Un control indebido de la SEPI afecta directamente a la competencia leal, a la transparencia presupuestaria y a la seguridad energética nacional.
¿Por qué era estratégico reinstalar a Fernández pese a su imputación?
Fernández no solo conocía los mecanismos internos de la SEPI. Había sido nombrado en 2018 por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su dimisión en octubre de 2019 —por su imputación en el caso Aznalcóllar— dejó un vacío que la trama no quería dejar sin explotar.
La hoja de ruta apuntaba a una «rehabilitación funcional», no jurídica. Es decir: no se buscaba su absolución, sino su reinstalación administrativa bajo el paraguas de una supuesta «presunción de inocencia» y el aval de instancias superiores.
El marco legal: ¿es posible nombrar a un imputado en un cargo público?
La Ley 50/1997 del Gobierno y el Estatuto de los Funcionarios Públicos establecen que la imputación no impide automáticamente el ejercicio de funciones. Pero la Ley de Incompatibilidades y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público exigen idoneidad, integridad y ausencia de conflicto de intereses.
Un cargo como el de presidente de la SEPI exige habilitación especial ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, cuya aprobación requiere mayoría cualificada. Nombrar a un imputado sin transparencia procesal viola el principio de buena fe administrativa.
¿Qué impacto económico tuvo este intento de control?
El plan no se materializó, pero su existencia revela una vulnerabilidad estructural. Entre 2018 y 2024, la SEPI aprobó inversiones por más de 3.200 millones de euros en empresas estratégicas. Cualquier manipulación de sus órganos de gobierno distorsiona:
- La asignación eficiente de capital público.
- La evaluación objetiva de proyectos industriales.
- La confianza de inversores extranjeros en la gobernanza española.
El Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han advertido en informes recientes sobre el riesgo de captura regulatoria en sociedades estatales con baja transparencia.
Datos Clave
- La hoja de ruta fue redactada en marzo de 2021, dos años después de la dimisión de Fernández.
- El documento menciona explícitamente el uso de «influencias cruzadas» entre el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción.
- La trama ‘Hirurok’ operaba desde una oficina en Madrid vinculada a una fundación sin fines de lucro registrada en 2017.
- El caso Aznalcóllar sigue abierto en la Audiencia Nacional; Fernández no ha sido sobreseído ni absuelto.
- La SEPI reportó en 2025 un patrimonio neto de 11.840 millones de euros, el más alto de su historia.
¿Qué dice la normativa actual sobre la ética en sociedades estatales?
La Ley 19/2013 de Transparencia, reformada en 2023, exige que los nombramientos en entidades como la SEPI incluyan informes de idoneidad emitidos por la Oficina de Ética Pública. Además, el Código de Conducta para Altos Cargos prohíbe expresamente la utilización de cargos para beneficio privado o de terceros.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también investiga si se vulneraron derechos fundamentales al usar bases de datos institucionales para identificar contactos clave en la estrategia de presión.
El contexto actual: más control, menos discreción
Tras la revelación de esta trama, el Gobierno aprobó en abril de 2026 un real decreto que refuerza la independencia de los consejos de administración de sociedades estatales. Ahora se exige publicación obligatoria de los criterios de selección, evaluación de conflictos de interés y auditorías externas anuales.
Estas medidas responden a una presión creciente de la Comisión Europea, que incluyó a España en su informe 2025 sobre gobernanza pública por «riesgos de influencia indebida en entidades de economía mixta».
