Siete colegios privados vinculados al Opus Dei en la Comunidad Valenciana mantienen aulas segregadas por género y siguen recibiendo 12 millones anuales de fondos públicos. Compromís los denuncia por incumplir la LOMLOE, la normativa autonómica de conciertos y el principio de coeducación obligatoria. La coalición ya ha anunciado acciones legales y exige la restitución de los fondos.
¿Qué dice la LOMLOE sobre la segregación por sexo en colegios con concierto?
La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) es clara: su artículo 84.3 prohíbe expresamente que los centros con concierto educativo apliquen la segregación por sexo como forma de coeducación. Esa práctica no es una opción pedagógica válida. Es una incompatibilidad legal directa.
La ley exige que la coeducación se construya mediante la igualdad real, no mediante la separación física. La segregación no fomenta la equidad. La reproduce.
¿Qué pasa con la normativa autonómica valenciana?
El Decreto de Conciertos Educativos de la Generalitat Valenciana refuerza ese marco. Establece que todo centro acogido al régimen de concierto debe fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y añade una cláusula explícita: “en todo caso esta obligación comportará el no separar al alumnado por su género”.
Esa redacción no deja margen de interpretación. No es una recomendación. Es un requisito vinculante para acceder y mantener el concierto.
¿Por qué se renuevan conciertos si es ilegal?
Compromís denuncia una renovación ilegal de los conciertos educativos. Asegura que la Conselleria de Educación ha ignorado el marco jurídico vigente al prorrogar los acuerdos con siete centros —dos en Alicante (Aitana y Altozano)— que mantienen aulas diferenciadas por sexo.
La coalición subraya que ahora sí existen las herramientas legales para actuar. Antes, bajo gobiernos anteriores, la normativa no contemplaba esa prohibición con la misma fuerza. Hoy, sí.
¿Qué implica la contradicción del gobierno valenciano?
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, señala una paradoja estructural: el gobierno de Pérez Llorca justifica recortes en la escuela pública y retrasos en la mejora salarial del profesorado con “falta de recursos”, pero destina 72,6 millones de euros hasta 2031 a centros que violan la ley.
Esa asignación no es técnica. Es política. Y tiene consecuencias reales: desvía fondos de la escuela inclusiva, debilita la igualdad de oportunidades y socava la confianza en la gestión pública.
¿Cuál es el impacto económico y social de esta práctica?
La financiación pública a colegios segregados no es un gasto neutro. Es una inversión en un modelo educativo que la ley ya ha declarado incompatible con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
- Cada euro destinado a estos centros es un euro menos para becas, refuerzo educativo o infraestructuras en la red pública.
- La segregación por género en etapas obligatorias refuerza estereotipos y limita la socialización intersexual desde edades tempranas.
- El modelo afecta especialmente a alumnado en situación de vulnerabilidad, que depende del sistema público para acceder a una educación no sesgada.
¿Qué dice el marco legal europeo?
La Directiva 2004/113/CE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíben la discriminación por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios. La educación pública subvencionada entra en ese ámbito. La segregación no es neutral: es una forma de trato diferenciado sin justificación objetiva, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Datos Clave
- 7 colegios en la Comunidad Valenciana mantienen aulas segregadas por sexo y reciben conciertos educativos.
- 2 de ellos están en Alicante: Aitana y Altozano.
- La financiación pública asciende a 12 millones anuales, con un compromiso de 72,6 millones hasta 2031.
- La LOMLOE (art. 84.3) y el Decreto de Conciertos Valenciano prohíben expresamente la segregación como forma de coeducación.
- Compromís ha anunciado acciones judiciales contra la Conselleria de Educación por renovación ilegal de conciertos.
La tridimensionalidad del caso es evidente: jurídicamente, se vulnera una norma clara y reciente; económicamente, se desvían recursos críticos de la escuela pública; y socialmente, se legitima un modelo que reproduce desigualdades desde la infancia. La coeducación no se construye con puertas cerradas entre géneros. Se construye con currículos inclusivos, formación docente especializada y políticas públicas coherentes.
