La Cámara de Comercio de Alicante opera desde noviembre de 2023 bajo una presidencia irregular: Carlos Baño ocupa el cargo en nombre de una empresa extinguida. La Generalitat, encabezada por la consellera Marián Cano, no ha actuado pese a su obligación legal de tutela y vigilancia. La inacción contrasta con la gravedad del caso: uso de una ley andaluza en territorio valenciano, ausencia de auditorías desde 2022 y vinculaciones políticas documentadas.
¿Por qué la Generalitat no ha intervenido ante la presidencia irregular de Baño?
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha optado por el silencio durante casi una semana. Luego, en la sesión de control de las Cortes, justificó su inacción con una frase genérica: «respetamos las decisiones del órgano soberano». Esa postura ignora su responsabilidad directa bajo la Ley 3/2003 de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, que le otorga poderes de supervisión, disolución y sanción.
El pleno de la Cámara recurrió a la Ley 10/2015 de Andalucía, norma inaplicable en Valencia. Este recurso revela una estrategia de normalización exprés sin base jurídica. No existe ningún mecanismo legal valenciano que legitime la continuidad de Baño tras la extinción de su representada.
La tutela como función ineludible
La Generalitat no es un observador pasivo. Es la autoridad de control. Su inacción no es neutralidad: es omisión funcional. Los funcionarios de tutela siguen siendo los mismos desde el gobierno anterior, pero eso no exime de revisar actuaciones concretas. La ley exige evaluación objetiva, no continuidad automática.
¿Qué implica usar una ley de otra comunidad autónoma?
Aplicar la normativa andaluza en Valencia viola el principio de autonomía legislativa y el artículo 149.1.18 de la Constitución. Las Cámaras son corporaciones de derecho público sujetas al ordenamiento de su territorio. Usar una ley ajena es un vicio de competencia que invalida cualquier acuerdo adoptado bajo ese fundamento.
Este error no es técnico: es político. Permite blindar decisiones controvertidas sin someterlas al escrutinio del marco jurídico propio. Además, socava la credibilidad del sistema de control financiero público, ya que la Sindicatura de Comptes no ha auditado la Cámara desde 2022.
El riesgo para las subvenciones públicas
La Cámara recibe fondos públicos para su nueva sede. Si su órgano de gobierno carece de legitimidad formal, cualquier gasto derivado puede ser impugnado. La financiación nominativa mencionada por Cano no es un argumento válido: la legalidad de los fondos depende de la regularidad de quien los gestiona, no de su volumen.
¿Cuál es el impacto económico real de esta irregularidad?
La inestabilidad institucional afecta directamente a las pymes. La Cámara debe emitir certificados, gestionar ayudas y asesorar en internacionalización. Cuando su liderazgo carece de base legal, se generan incertidumbres contractuales, retrasos en trámites y riesgos de nulidad en actos administrativos.
Además, el caso ha erosionado la confianza empresarial. Empresas alicantinas reportan dificultades para acceder a servicios esenciales, como el certificado de origen o el apoyo a la exportación, por la parálisis en la toma de decisiones internas.
La doble brecha: legal y de gobernanza
No se trata solo de un vacío normativo. Es una falla en el modelo de gobernanza corporativa. La ausencia de auditorías, la falta de transparencia en la financiación y la persistencia de cargos bajo investigación —como Baño, imputado por fraude en subvenciones— evidencian un sistema desregulado.
¿Qué dice la ley sobre la presidencia de una cámara extinguida?
La Ley 3/2003 establece que la presidencia debe corresponder a un representante legalmente vigente. La extinción de la empresa implica la pérdida automática de la condición de miembro activo. No hay disposición transitoria que lo permita. Tampoco existe figura de «presidente en funciones» sin nombramiento válido.
Datos Clave
- Carlos Baño preside la Cámara desde noviembre de 2023, tras la extinción de su empresa representada.
- El pleno usó la Ley andaluza 10/2015, inaplicable en la Comunidad Valenciana.
- No hay auditorías de la Sindicatura de Comptes desde 2022.
- Baño está investigado por fraude en subvenciones, según consta en diligencias judiciales.
- La Generalitat no ha activado ningún procedimiento de tutela o intervención, pese a su competencia legal.
La situación trasciende lo administrativo: es un test de Estado de Derecho en el ámbito económico. La economía valenciana necesita instituciones fiables, no estructuras frágiles sostenidas por decisiones jurídicamente inválidas. La inacción no es neutralidad. Es riesgo sistémico.
