La Cámara de Alicante enfrenta una crisis institucional tras revelarse que su presidente, Carlos Baño, mantuvo la presidencia tras la extinción de su empresa Plasticart Hispánica en 2023. Esa mercantil era su único vínculo legal con la entidad. La ley valenciana exige que los miembros del pleno sean empresarios activos. Su omisión durante más de dos años ha generado dudas sobre la validez de sus decisiones, la tutela autonómica y la aplicación uniforme de la normativa.
¿Qué dice la ley valenciana sobre la condición de miembro de una Cámara?
La Ley 11/2013 de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana establece que solo pueden formar parte del pleno quienes ejerzan actividad empresarial efectiva. La extinción de Plasticart Hispánica en 2023 supuso la pérdida automática de esa condición. No hubo notificación formal al comité ni a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.
El silencio administrativo no suspende la exigencia legal. La norma no contempla excepciones por omisión o retraso. La condición de miembro es objetiva y actual, no declarativa ni retroactiva.
La cláusula andaluza: un recurso interpretativo sin base valenciana
La Cámara de Alicante ha invocado una cláusula de la normativa andaluza para justificar su postura. Esa figura no forma parte del ordenamiento valenciano. Su traslado al escrito remitido a la Conselleria carece de eficacia jurídica vinculante. La unanimidad del pleno no sustituye la legalidad sustantiva.
La Conselleria ha reiterado que su rol es de tutela, no de validación. Su espera no es pasividad: es respeto al procedimiento. Pero el retraso en la comunicación oficial prolonga la incertidumbre jurídica.
¿Qué papel tiene la Conselleria en la gobernanza de las Cámaras?
La Conselleria de Comercio actúa como autoridad de supervisión. Su representante, Maribel Sáez, forma parte de los comités ejecutivos con voz, pero sin voto. Esa limitación no exime al departamento de su deber de vigilancia activa.
El hecho de que técnicos asistan a reuniones ordinarias no sustituye la obligación de exigir informes formales. La normativa exige transparencia, no solo presencia.
El impacto económico de la inestabilidad institucional
Las Cámaras gestionan fondos públicos y programas de apoyo a pymes. La duda sobre la legitimidad de su presidencia afecta la confianza de los empresarios, la ejecución de ayudas europeas y la capacidad de negociación con el sector privado. En Alicante, donde el tejido industrial depende de redes de apoyo ágiles, la parálisis administrativa tiene coste real.
¿Qué consecuencias legales tiene la omisión de Baño?
La no comunicación de la extinción empresarial no es un mero error administrativo. Es una infracción grave bajo el Reglamento de Régimen Interior de las Cámaras. Puede dar lugar a la nulidad de actos firmados durante el periodo irregular y a la responsabilidad patrimonial por daños causados.
El Ejecutivo valenciano ha señalado que actuará conforme a la normativa. Pero la demora en la respuesta oficial alimenta la percepción de impunidad.
El marco práctico: entre la técnica y la legitimidad
Baño ha calificado su situación como “puro tecnicismo”. Esa lectura subestima el principio de buena fe institucional. La presidencia no es un cargo técnico: es un mandato de confianza. La omisión prolongada socava la credibilidad del sistema camerario.
La solución no pasa por trasladar normas de otras comunidades. Requiere una interpretación rigurosa de la Ley 11/2013, un informe jurídico vinculante de la Conselleria y una decisión clara del pleno con base legal.
¿Qué datos clave deben conocer los empresarios afectados?
- La condición de miembro del pleno se pierde automáticamente con la extinción de la empresa.
- La Ley 11/2013 no contempla cláusulas de salvaguarda por omisión o retraso.
- La Conselleria de Comercio tiene 30 días hábiles para emitir informe tras recibir la comunicación oficial.
- Los actos firmados por Baño tras 2023 podrían ser impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- La directora general de Comercio participa en comités con voz, pero su silencio no equivale a conformidad.
Datos Clave
- La extinción de Plasticart Hispánica ocurrió en 2023.
- Baño no informó al comité ni a la Conselleria hasta 2026.
- La cláusula andaluza no tiene efecto en la Comunidad Valenciana.
- La Conselleria espera el escrito formal para emitir respuesta vinculante.
- La normativa valenciana exige actividad empresarial vigente y efectiva para ser miembro del pleno.
