Caixa Popular es una cooperativa de trabajo asociado, la segunda más grande de su tipo en España y la única junto a Laboral Kutxa con esta estructura en el sector financiero. Con 4.500 millones de euros en activos, 246.000 clientes y 450 trabajadores-socios, opera con un modelo que fusiona finanzas, democracia interna y compromiso social.
¿Qué diferencia a Caixa Popular de otros bancos y cajas rurales?
Su modelo societario es su núcleo distintivo. A diferencia de las cajas rurales —cuyos socios son cooperativas agrarias— o de los bancos tradicionales —donde los accionistas buscan rentabilidad—, en Caixa Popular los trabajadores son los socios. Eso implica que deciden colectivamente sobre estrategia, distribución de excedentes y prioridades de obra social.
Este diseño no es meramente formal. La asamblea general está compuesta por socios activos, con voto ponderado según antigüedad y participación, no por capital aportado. Así, se evita la concentración de poder y se refuerza la gobernanza democrática.
¿Cómo nació esta cooperativa?
Caixa Popular nació en 1977, inspirada directamente en Mondragón Corporación Cooperativa. Un grupo de valencianos —entre ellos Pepe Soriano, Francisco Pons y Vicent Diego— viajó por Europa buscando modelos alternativos tras la dictadura. Su encuentro con la experiencia guipuzcoana fue un punto de inflexión: como la conversión de Pablo de Tarso, marcó un giro radical hacia la economía social.
Su primera oficina abrió en Alaquàs, justo detrás de la primera tienda de Consum, nacida dos años antes bajo el mismo impulso. Los inicios fueron difíciles: el Banco de España exigía requisitos de capital que costaba cumplir. Caixa Popular tuvo que aliarse con otras entidades para ofrecer tarjetas de crédito y servicios básicos.
¿Cuál es su impacto económico en la Comunitat Valenciana?
Caixa Popular no es solo una entidad financiera: es un motor regional. Con 82 oficinas —que subirán a 84 en 2026— y 450 empleos directos, genera efecto multiplicador en proveeduría local, formación y contratación. Sus 42 millones de euros de beneficio neto en 2025 no se reparten como dividendos, sino que un 10 % se destina a obra social: cultura, sostenibilidad y formación profesional.
Esto posiciona a la cooperativa como un actor clave en la transición ecológica y digital del tejido productivo valenciano. Sus líneas de financiación priorizan pymes sostenibles, cooperativas agroalimentarias y proyectos de economía circular.
¿Qué marco legal la sustenta?
Caixa Popular opera bajo la Ley 27/1999 de Cooperativas, adaptada al sector financiero por la Ley 11/2015 de Fomento de la Economía Social. Su autorización como entidad de crédito la otorga el Banco de España, pero su régimen interno responde a principios cooperativos: libertad de ingreso y retiro, voto personal, gestión democrática y retorno de excedentes.
A diferencia de las entidades bancarias cotizadas, no está sujeta a presiones de accionistas externos. Su estabilidad se basa en la fidelidad de sus socios-trabajadores y en la reinversión de resultados, no en la maximización del valor bursátil.
Datos Clave
- Es una de las dos únicas cooperativas de trabajo asociado del sistema financiero español.
- Tiene 4.500 millones de euros en activos totales y 246.000 clientes.
- El 60 % de sus socios son trabajadores de la entidad, el resto proviene de cooperativas asociadas.
- Destina el 10 % de sus beneficios netos (4.2 millones de euros en 2025) a obra social.
- Opera bajo la Ley 27/1999 y la Ley 11/2015, con supervisión del Banco de España.
¿Por qué su modelo es relevante hoy?
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones financieras tradicionales, Caixa Popular representa una alternativa con trazabilidad ética y rendición de cuentas interna. Su crecimiento —dos nuevas oficinas en 2026— refleja una demanda real por servicios bancarios alineados con valores sociales.
Su tridimensionalidad es clara: desde lo contextual, es heredera del movimiento de economía social post-franquista; desde lo económico, impulsa empleo estable y financiación responsable; y desde lo legal-práctico, demuestra que la regulación bancaria puede compatibilizarse con la democracia interna. No es una excepción histórica: es un modelo en expansión.
