La Audiencia Nacional ha activado una comisión rogatoria a Venezuela para esclarecer el paradero y responsabilidad de 14 etarras refugiados en el país caribeño. El cambio político tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina abre una ventana inédita para la cooperación judicial. Esto podría romper décadas de impunidad y reactivar investigaciones archivadas por falta de acceso a pruebas.
¿Por qué la Audiencia Nacional ha enviado una comisión rogatoria a Venezuela?
El juez Francisco de Jorge ha dictado la medida tras una solicitud del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). La resolución, emitida el 19 de mayo de 2026, parte de la premisa de que el nuevo Gobierno venezolano representa un giro estratégico. No se trata de una mera formalidad: es una apuesta por la cooperación judicial transnacional en materia de crímenes de lesa humanidad.
El magistrado señala que el ascenso de Delcy Rodríguez «permite inferir una colaboración». Esa frase no es retórica: implica una evaluación jurídica de la voluntad política del nuevo Ejecutivo venezolano para cumplir con obligaciones internacionales en materia de justicia penal.
El Colectivo de Refugiados no era un grupo neutro
Los 14 nombres incluidos en la comisión no son fugitivos comunes. Formaban parte del Colectivo de Refugiados, una estructura reconocida por la justicia española como integrante del aparato exterior de ETA. Su función no era solo evadir la cárcel: ejercían tareas de enlace logístico, financiación y propaganda internacional. La Audiencia Nacional busca determinar su grado de responsabilidad en atentados y estructuras de apoyo.
¿Qué información específica solicita España a Venezuela?
La comisión rogatoria no pide una extradición inmediata. Pide datos concretos: residencias, movimientos, contactos oficiales, registros migratorios y cualquier documento que vincule a los 14 con actividades terroristas. La solicitud se basa en el Convenio Interamericano sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, vigente entre ambos países desde 1996.
La muerte de Javier Urruti Imaz complica el escenario
Uno de los 14, Javier Urruti Imaz, falleció recientemente. Su muerte no suspende la investigación: al contrario, activa la necesidad de obtener certificados de defunción, informes forenses y registros de entierro. Estos documentos pueden revelar si su fallecimiento fue natural o si hubo ocultamiento de responsabilidades previas.
¿Qué impacto económico tiene esta investigación?
La impunidad de los etarras en el extranjero tiene costes reales. España ha destinado más de 120 millones de euros desde 2000 en operaciones de localización, cooperación internacional y litigios ante tribunales extranjeros. Cada comisión rogatoria activa representa un ahorro potencial de 300.000 euros en recursos judiciales y policiales. Además, la recuperación de activos ocultos en Venezuela podría compensar parte de las indemnizaciones pendientes a víctimas.
El marco legal no es solo español ni venezolano
La investigación se sustenta en tres niveles normativos: el Código Penal español, la Convención de Ginebra sobre crímenes de guerra, y la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga a los Estados a perseguir a miembros de organizaciones terroristas. Venezuela, como Estado miembro, está vinculada a esta última aunque no haya ratificado todos sus anexos.
¿Qué significa ‘cambio político’ en este contexto jurídico?
El término no alude a una mera transición de poder. Hace referencia a una modificación en la política exterior de cooperación penal, detectada por la Audiencia Nacional a través de declaraciones oficiales, acuerdos bilaterales recientes y la designación de nuevos fiscales especializados en delitos transnacionales. Ese cambio es el único fundamento válido para reabrir una causa judicial que había quedado estancada por falta de reciprocidad.
Datos Clave
- La comisión rogatoria fue dictada el 19 de mayo de 2026 por el juez Francisco de Jorge.
- Incluye a 14 miembros de ETA, entre ellos José Ignacio de Juana Chaos y Eugenio Barrutiabengoa Zabarte.
- Se fundamenta en el Convenio Interamericano sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
- Busca determinar su participación en el Colectivo de Refugiados, estructura orgánicamente ligada a ETA.
- El nuevo Gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, es considerado clave para romper la impunidad acumulada desde 2004.
- La investigación tiene implicaciones directas en la ejecución de sentencias y la reparación a víctimas.
La tridimensionalidad de este caso es clara: su contexto actual es una Venezuela en transición política; su impacto económico afecta presupuestos judiciales y fondos de reparación; y su marco legal se extiende desde la legislación nacional hasta tratados multilaterales vinculantes. No es solo una búsqueda policial: es una prueba de fuego para la justicia transnacional en tiempos de reconfiguración geopolítica.
