El bono comercio de la Diputación de Alicante ha desencadenado una crisis de transparencia institucional. Los cuatro alcaldes socialistas citados para el lunes 20 de mayo no acudirán a la comisión de investigación. Lo harán solo tras la comparecencia previa de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, y otros responsables clave. El PSOE denuncia un sesgo político y exige equidad procesal.
¿Por qué los alcaldes socialistas se niegan a comparecer en la comisión?
Los regidores socialistas consideran que la comisión está sesgada. No aceptan ser los únicos interrogados mientras Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, evadió respuestas clave en su comparecencia. Su ausencia no es una negativa absoluta, sino una condición estratégica: transparencia recíproca.
El giro político tras la comparecencia de Baño
La sesión del pasado miércoles marcó un punto de inflexión. Carlos Baño compareció, pero no aportó información verificable sobre la gestión del bono comercio. El PSOE interpretó su actuación como una maniobra de blindaje institucional. Esa percepción reforzó su decisión de exigir una secuencia lógica: primero los responsables con competencia directa, luego los ayuntamientos.
¿Qué responsabilidades tiene Carlos Mazón en el bono comercio?
Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat Valenciana, ejerce competencias en materia de cofinanciación regional, política económica local y supervisión de entidades colaboradoras. El bono comercio recibió fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya ejecución requiere coordinación entre Generalitat, Diputación y ayuntamientos. Mazón no ha sido citado aún, pese a su rol decisivo en la aprobación y seguimiento del programa.
El marco legal del bono comercio
El bono comercio se enmarca en el Real Decreto-Ley 36/2020, que habilita ayudas directas a pymes mediante entidades colaboradoras. La Diputación de Alicante actuó como entidad gestora, pero su capacidad de decisión dependía de los criterios fijados por la Generalitat y del respaldo técnico de la Cámara de Comercio. Esa cadena de responsabilidad es la que el PSOE exige que se aclare primero.
¿Cuál es el impacto económico real del bono comercio en Alicante?
El programa movilizó más de 12 millones de euros destinados a 1.842 comercios locales. Sin embargo, no hay informes públicos de evaluación de impacto. No se ha publicado:
- El porcentaje de fondos ejecutados efectivamente.
- El número de beneficiarios que cerraron tras recibir la ayuda.
- La incidencia del bono en la reactivación del comercio de proximidad.
Estos vacíos alimentan la desconfianza. El PSOE exige que se publiquen los informes de auditoría interna de la Diputación y los informes de gestión de la Cámara de Comercio.
¿Qué dice la normativa sobre la equidad en comisiones de investigación?
Las comisiones parlamentarias están reguladas por el Reglamento del Congreso de los Diputados y por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Estatuto de los Diputados. Establecen que deben garantizar la igualdad procesal, la proporcionalidad en la citación de testigos y la prevalencia del interés general sobre intereses partidistas. La decisión del PSOE se sustenta en ese marco: no se puede investigar a los ejecutores sin citar a los decisores.
Datos Clave
- Los cuatro alcaldes socialistas citados son: Vicente Arques (l’Alfàs del Pi), Rubén Alfaro (Elda), Toni Francés (Alcoy) y Carlos González (Elche, 2019–2023).
- Carlos Baño preside tanto la Cámara de Comercio de Alicante como Facpyme, entidades clave en la gestión del bono.
- El bono comercio forma parte del PRTR, cuya cofinanciación regional depende de la Generalitat Valenciana.
- La Diputación de Alicante actuó como entidad gestora, pero sin autonomía para modificar criterios de concesión.
- El PSOE exige la comparecencia previa de Carlos Mazón, el director general de Comercio de la Generalitat, y el presidente de la Cámara de Comercio.
La tridimensionalidad del caso es clara: su contexto actual revela una fractura institucional entre administraciones; su impacto económico afecta directamente a la supervivencia de pymes en la provincia; y su marco legal exige transparencia, proporcionalidad y jerarquía de responsabilidades. Sin esas tres dimensiones equilibradas, la comisión no cumple su función constitucional.
