La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha propuesto un incremento salarial de 75 euros brutos mensuales para el profesorado. La oferta ha sido rechazada de forma unánime por los sindicatos docentes. El aumento no cubre la inflación acumulada ni compensa la pérdida de poder adquisitivo desde 2022. Tampoco alinea los salarios valencianos con la media nacional ni con los estándares europeos de remuneración docente.
¿Por qué el profesorado rechaza los 75 euros brutos mensuales?
El rechazo no es simbólico: es técnico y estructural. Los sindicatos han calculado que el índice de precios al consumo (IPC) acumulado desde enero de 2022 supera el 12,3%. Un aumento de 75 euros representa menos del 3,5% sobre el salario base medio de un profesor interino con 10 años de experiencia. Eso equivale a una subida real negativa del 8,8%.
Los docentes exigen una revisión integral de la escala retributiva, no ajustes marginales. También denuncian la falta de inversión en plazas estables, reducción de ratios y actualización de complementos específicos, como los de desempeño o de responsabilidad.
El impacto en la retención del talento
Más del 42% de los docentes valencianos con menos de 35 años ha considerado emigrar a otras comunidades autónomas o al extranjero en los últimos 18 meses. La fuga de talento se acelera por la brecha salarial con Cataluña (+18,2%) y País Vasco (+24,7%).
¿Qué dice el marco legal actual sobre retribuciones docentes?
El Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto de los Funcionarios Públicos establecen que las retribuciones deben garantizar la igualdad retributiva, la no discriminación y la actualización periódica conforme al IPC. Sin embargo, la Generalitat aplica una cláusula de revisión salarial condicionada a la ejecución presupuestaria, no al IPC real.
La Ley de Presupuestos de la Comunidad Valenciana 2026 incluye una partida de 12,4 millones para “mejora salarial del personal docente”, pero no especifica criterios objetivos de asignación. Esto genera desconfianza y vulnera el principio de transparencia presupuestaria.
La brecha con el convenio estatal
El convenio colectivo del profesorado no universitario, vigente desde 2023, establece un mínimo de 4,2% de incremento anual vinculado al IPC. La oferta valenciana incumple ese compromiso. Además, no contempla la equiparación de los complementos salariales con los del resto de España.
¿Cuál es el impacto económico real de este conflicto?
El estancamiento salarial docente tiene efectos multiplicadores negativos. Cada docente que abandona el sistema genera costes de sustitución estimados en 18.500 euros anuales (formación, selección, pérdida de continuidad pedagógica). En 2025, la Generalitat destinó 3,2 millones a cubrir bajas por sustitución en secundaria: un 27% más que en 2023.
Además, la desmotivación docente se correlaciona con una caída del 11,4% en los resultados de la evaluación PISA en competencias lectoras entre 2018 y 2022. Esto afecta la productividad futura y la cohesión social.
Datos Clave
- El salario medio bruto mensual de un profesor de secundaria en la CV es de 2.194 € (2026), frente a 2.581 € en Cataluña.
- La tasa de interinidad en centros públicos alcanza el 31,7%, la más alta de España.
- El IPC acumulado desde 2022 es del 12,3%; el aumento propuesto equivale a un 2,9% real.
- El 68% de los centros educativos valencianos superan la ratio legal de 25 alumnos por aula en primaria.
¿Qué alternativas existen para una mejora real?
Los sindicatos proponen un plan trienal con tres ejes: estabilidad laboral (conversión del 70% de interinos en fijos), actualización salarial vinculada al IPC real y revalorización de los complementos específicos (desempeño, tutoría, bilingüismo).
También exigen la creación de una mesa técnica de retribuciones con participación sindical, evaluación externa y calendario público de compromisos. Sin mecanismos de seguimiento, cualquier acuerdo carece de garantía de ejecución.
La dimensión europea
La Comisión Europea recomienda que los Estados miembros destinen al menos el 5% del PIB a educación y que el 20% de ese gasto se destine a mejora de condiciones laborales docentes. En la CV, la inversión educativa es del 4,1% del PIB y solo el 8,3% del gasto se destina a retribuciones complementarias.
