Quince personas vinculadas al residencial Les Naus de Alicante están bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas. La jueza Amparo Rubio lidera la causa, que ya ha afectado al Plan de Vivienda estatal y generado sanciones administrativas, multas y revisión de criterios de acceso. El caso revela fallas sistémicas en la gestión municipal y en los controles de vivienda protegida.
¿Quiénes están investigados en el caso Les Naus de Alicante?
Las quince personas citadas incluyen exfuncionarios, técnicos municipales y propietarios. Entre ellos destacan:
- Rocío Gómez Gómez, exconcejala de Urbanismo (junio 2023–enero 2026), dimisión tras revelarse su condición de adjudicataria.
- María Pérez-Hickman, ex directora general de Vivienda.
- Dos arquitectos municipales, responsables de visados técnicos.
- El gestor de la cooperativa promotora.
- El funcionario encargado de validar los visados de primera ocupación.
- Diez propietarios que no acreditaron cumplir los requisitos legales para acceder a vivienda protegida.
La declaración ante la jueza está programada para el 20 de mayo y el 5 de junio en los juzgados de Benalúa.
¿Qué irregularidades se detectaron en la adjudicación de Les Naus?
El núcleo del caso radica en la concesión de 140 viviendas protegidas sin cumplir los requisitos mínimos de renta máxima, residencia efectiva y vinculación laboral o residencial previa en Alicante.
Se identificó un ajuste técnico en el proyecto —aprobado por Junta de Gobierno— que modificó las zonas comunes (piscina y zonas verdes), sin justificación urbanística clara. Este cambio facilitó la obtención de la declaración responsable de primera ocupación, requisito clave para la entrega de las viviendas.
Además, varios adjudicatarios no presentaron documentación válida ante el Ayuntamiento ni ante la Conselleria de Vivienda. Algunos ni siquiera residían en la provincia.
El rol de los visados técnicos
Los visados de primera ocupación son actos administrativos obligatorios para certificar que una vivienda cumple con la normativa de habitabilidad y seguridad. Su emisión sin verificación real constituye una vulneración del Real Decreto Legislativo 7/2015, que regula el régimen jurídico del suelo y del urbanismo.
La responsabilidad de los cargos políticos
Como concejala de Urbanismo, Rocío Gómez supervisó licencias de obra mayor y declaraciones de primera ocupación. Su doble condición —funcionaria y adjudicataria— activó el conflicto de interés previsto en la Ley 53/1984 de Incompatibilidades.
¿Cuál es el impacto económico del caso Les Naus?
El residencial Les Naus representa una inversión pública de más de 12 millones de euros, cofinanciada por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante.
- El 70 % de las viviendas estaban destinadas a vivienda protegida de promoción pública.
- Cada unidad tenía un precio máximo regulado: entre 115.000 y 145.000 euros, según tipología.
- La pérdida de confianza ha retrasado la convocatoria de nuevas ayudas en la provincia.
- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha congelado la asignación de fondos europeos para vivienda en Alicante hasta la resolución del caso.
¿Qué marco legal regula los controles en vivienda protegida?
La adjudicación de vivienda protegida está sujeta a tres niveles de control:
- Normativa estatal: Real Decreto Legislativo 7/2015 y Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
- Normativa autonómica: Decreto 122/2021 de la Generalitat sobre vivienda protegida en la Comunitat Valenciana.
- Normativa municipal: Ordenanzas locales de suelo y régimen de ayudas.
La falta de coordinación entre estos niveles permitió lagunas en la verificación de requisitos. Por ejemplo, el Ayuntamiento no cruzó datos con la Agencia Tributaria ni con el SEPE para validar rentas o empleo.
Datos Clave
- 15 personas citadas como investigadas por la jueza Amparo Rubio.
- 10 adjudicatarios no acreditaron requisitos de renta máxima ni residencia efectiva.
- El ajuste del proyecto (piscina y zonas verdes) fue aprobado por Junta de Gobierno sin informe técnico vinculante.
- La exconcejala Rocío Gómez dimitió tras revelarse su condición de adjudicataria.
- El caso ha provocado la revisión del Plan Estatal de Vivienda 2025–2028.
¿Qué cambios se esperan tras el caso Les Naus?
El Ministerio de Vivienda impulsa un protocolo unificado de verificación cruzada para todas las promociones con fondos públicos. Incluye integración digital con Hacienda, Seguridad Social y registros de empadronamiento. También se prevé la creación de una comisión de ética municipal para supervisar adjudicaciones de vivienda protegida.
La Generalitat Valenciana ha anunciado auditorías externas obligatorias en todas las promociones con más de 50 viviendas. Estas medidas buscan restaurar la confianza ciudadana y garantizar la transparencia en la gestión pública.
