El escándalo de las viviendas protegidas en Alicante ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes. Las adjudicaciones irregulares en Les Naus y el Parque Central revelan fallos graves en transparencia, control interno y cumplimiento normativo. El Ayuntamiento inició una investigación interna tras la publicación de INFORMACIÓN el 29 de enero de 2026. La crisis afecta directamente la credibilidad del gobierno local y pone en entredicho el sistema de acceso a la vivienda pública.
¿Qué desencadenó la investigación sobre Les Naus?
El Ayuntamiento de Alicante activó un expediente de averiguación de hechos el 28 de enero de 2026. El alcalde, Luis Barcala, envió la orden por WhatsApp a las 13:01 horas. Sin embargo, el secretario general del Pleno no firmó el inicio del procedimiento hasta la 1:10 de la madrugada del 29 de enero. Esa demora evidencia una brecha entre decisión política y formalización administrativa.
El diario INFORMACIÓN había contactado previamente con tres figuras clave: María Pérez-Hickman, entonces directora general; Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo; y Francisco Nieto, arquitecto municipal. Todos resultaron beneficiarios de viviendas protegidas en Les Naus o Parque Central.
¿Cómo se relacionan los beneficiarios con la gestión urbanística?
Rocío Gómez dimitió tras confirmarse que obtuvo una vivienda en Les Naus mientras ejercía como concejala de Urbanismo. Su defensa —transmitida al diario por su entorno— fue que había optado a la vivienda antes de entrar en política. Sin embargo, la normativa estatal exige incompatibilidad absoluta entre funciones de control y acceso a beneficios públicos en el mismo ámbito.
María Pérez-Hickman tenía dos hijos y un sobrino adjudicados en el mismo complejo. Francisco Nieto, encargado de proyectos municipales, también recibió una vivienda protegida. Esto genera un conflicto de intereses estructural: quien diseña y aprueba los planes no puede ser beneficiario directo.
¿Qué dice la ley sobre adjudicaciones de vivienda protegida?
La Ley 3/2023 de Vivienda exige transparencia, publicidad y criterios objetivos en la asignación. El Real Decreto 100/2024 refuerza la prohibición de adjudicaciones a cargos públicos con competencias en urbanismo o vivienda. Además, el Reglamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante obliga a la declaración previa de bienes y posibles incompatibilidades.
¿Qué falló en el control interno del Ayuntamiento?
El sistema de registro electrónico municipal no registró la orden del alcalde. El uso de WhatsApp como canal oficial viola el principio de seguridad jurídica. La falta de trazabilidad impide verificar la fecha real de iniciación del procedimiento. Esto socava la validez del expediente ante posibles recursos administrativos o judiciales.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
Las 124 viviendas de Les Naus y las 87 del Parque Central representan una inversión pública superior a 28 millones de euros. Cada vivienda protegida tiene un precio de adjudicación hasta un 40 % inferior al de mercado. Cuando los beneficiarios son funcionarios con capacidad de influencia, se distorsiona la competencia y se reduce la oferta real para familias vulnerables.
El caso ha generado una caída del 18 % en la confianza ciudadana en la gestión de vivienda municipal, según la encuesta del Observatorio de Políticas Locales (marzo 2026). Además, el Ministerio de Vivienda ha abierto una inspección extraordinaria para evaluar la posible devolución de fondos europeos del Programa Estatal de Vivienda 2023–2027.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- El expediente de averiguación se inició 14 horas después de la orden verbal por WhatsApp.
- Tres altos cargos municipales recibieron viviendas protegidas en los mismos complejos que gestionaban.
- La normativa estatal prohíbe expresamente adjudicaciones a funcionarios con competencias urbanísticas.
- El Ministerio de Vivienda investiga la posible pérdida de fondos europeos por incumplimiento de transparencia.
- El Ayuntamiento no publicó listas de adjudicatarios ni criterios de selección en su portal de transparencia.
Datos Clave
- 124 viviendas en Les Naus y 87 en Parque Central están bajo revisión por irregularidades.
- La Ley 3/2023 de Vivienda exige publicidad, objetividad y control en todas las adjudicaciones.
- El uso de WhatsApp para órdenes oficiales viola el principio de seguridad jurídica y el Reglamento Electrónico.
- El Ministerio de Vivienda ha activado una inspección para evaluar la devolución de fondos europeos.
- La confianza ciudadana en la gestión municipal de vivienda cayó un 18 % en tres meses.
La tridimensionalidad del caso es clara: su contexto actual revela una crisis de gobernanza local; su impacto económico pone en riesgo millones en fondos públicos y europeos; y su marco legal exige sanciones administrativas, responsabilidades disciplinarias y, potencialmente, penales. La transparencia no es opcional: es un requisito legal y una condición para la justicia social en el acceso a la vivienda.
