El concurso para la primera promoción de vivienda protegida en Alicante tras el escándalo de Les Naus ha concluido con una sola oferta. Abala Infraestructuras es la única empresa que se presentó a la licitación en el barrio de San Blas. El retraso acumulado, la desactualización presupuestaria y las nuevas exigencias legales explican este escaso interés del sector privado.
¿Por qué solo una promotora se interesó en la vivienda protegida de San Blas?
El proyecto de la calle Ceuta lleva más de tres años en tramitación. Aprobado en 2023, no salió a concurso hasta marzo de 2025. Ese lapso de 22 meses provocó una fuerte desactualización del presupuesto inicial de 3,5 millones de euros. Los costes reales de construcción subieron, pero el marco financiero no se ajustó.
Las empresas constructoras evaluaron el riesgo y descartaron participar. El modelo original —gestión pública— fue descartado. El Ayuntamiento optó por la enajenación de la parcela, una fórmula que transfiere responsabilidad al privado, pero también expone a mayores incertidumbres regulatorias.
¿Qué cambió tras el escándalo de Les Naus?
El caso Les Naus reveló fallos graves en transparencia y asignación de vivienda protegida. Tras la denuncia de INFORMACIÓN, el gobierno de Luis Barcala suspendió la licitación en 2026. Introdujo nuevos requisitos: obligatoriedad de publicidad de listas de adjudicatarios, auditorías externas y registro digital de solicitudes.
Sin embargo, la decisión final sobre quién accede a los pisos sigue en manos de la promotora. El Ayuntamiento solo fija el precio máximo de venta y el número mínimo de viviendas a ceder (tres en este caso). No interviene en la selección de beneficiarios.
¿Cómo afecta esto al acceso real a la vivienda protegida?
- El sistema actual no garantiza prioridad a colectivos vulnerables.
- No existe un sistema unificado de baremación ni verificación de ingresos.
- Las listas de espera municipales no se vinculan automáticamente con las adjudicaciones privadas.
- La falta de supervisión técnica en la fase de comercialización abre espacios para discrecionalidad.
¿Qué marco legal rige la vivienda protegida en Alicante hoy?
La normativa se sustenta en el Decreto 12/2022 de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que establece los requisitos de protección, precios máximos y plazos de comercialización. Pero su aplicación local depende de los planes municipales, que en Alicante carecen de actualización desde 2021.
Además, la Ley de Contratos del Sector Público exige transparencia en licitaciones, pero no regula el proceso de adjudicación interna de los pisos. Esa laguna permite que las promotoras operen con autonomía casi total una vez adjudicado el terreno.
¿Cuál es el impacto económico real de esta situación?
- El retraso en la promoción de San Blas supone una pérdida estimada de 1,2 millones de euros en ingresos fiscales anuales por IVA y plusvalías.
- El modelo de enajenación reduce la capacidad del Ayuntamiento para generar ingresos recurrentes (como alquileres públicos).
- La baja participación privada frena la inversión en suelo urbano rehabilitado, afectando al plan de regeneración del barrio.
Datos Clave
- El concurso de San Blas recibió una única oferta: Abala Infraestructuras.
- Entre la aprobación del proyecto (2023) y su licitación (2025) pasaron 22 meses.
- El presupuesto inicial de 3,5 millones de euros no se actualizó ante la inflación del sector.
- Tras Les Naus, se impusieron nuevos controles, pero la selección de adjudicatarios sigue en manos privadas.
- El precio máximo de venta de los pisos está fijado por la Generalitat Valenciana, no por el Ayuntamiento.
La situación refleja una tensión estructural: la necesidad de acelerar la oferta de vivienda protegida, frente a la debilidad de los mecanismos de control y la falta de alineación entre normativa autonómica, local y práctica constructora. Sin actualización de los planes municipales y sin mecanismos de verificación obligatoria de perfiles de los solicitantes, el acceso real a la vivienda sigue siendo selectivo, no equitativo.
