El Tribunal Supremo ha anulado el Registro de Vivienda de Uso Turístico (VUT) al determinar que el Estado carece de competencias para gestionarlo. Esta decisión impacta directamente a más de 101.000 viviendas registradas en la Comunidad Valenciana. La sentencia refuerza la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia turística. El descontrol previo generó duplicidades, viviendas sin número de catastro y una oferta real muy distinta a la registrada. Ahora, la limpieza del registro avanza con tres planes sucesivos y un cuarto en marcha.
¿Por qué el Tribunal Supremo anuló el registro VUT?
El alto tribunal consideró que la regulación estatal vulneraba el principio de competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia turística. La Ley de Turismo del Estado no podía imponer un registro centralizado sin el respaldo constitucional necesario. Esto invalidó la base legal del sistema de inscripción obligatoria gestionado por Turisme.
El vacío normativo afecta a la trazabilidad fiscal
Sin un registro válido, se dificulta la fiscalización del IVA, el IRPF y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Las plataformas digitales de alquiler no tienen un referente oficial para verificar la legalidad de las ofertas. Esto genera incertidumbre para operadores responsables y abre la puerta a la economía sumergida.
¿Qué implica la anulación para los propietarios de VUT?
Los propietarios ya no están obligados a inscribirse en un registro estatal. Sin embargo, siguen sujetos a la normativa autonómica y municipal. La Comunidad Valenciana mantiene su propio marco legal, incluyendo requisitos de licencia municipal, certificación de habitabilidad, y cumplimiento de la Ley de Vivienda. La anulación no exime de responsabilidad penal o administrativa por operar sin autorización local.
Las inspecciones municipales se intensifican
Tras la sentencia, los ayuntamientos han asumido un rol más activo. En ciudades como Valencia, Alicante y Benidorm, las inspecciones han aumentado un 65 % interanual. Las sanciones por alquiler ilegal oscilan entre 3.000 y 600.000 euros, según gravedad y reiteración.
¿Cómo afecta la caída del registro a la oferta turística y al mercado inmobiliario?
La reducción de 5.000 VUT en dos años —del pico de 182.893 a los actuales 101.408— ha repercutido en la disponibilidad de vivienda residencial. En zonas céntricas, el índice de ocupación de VUT bajó un 22 %, mientras que los precios de alquiler residencial subieron un 14,3 % en el mismo periodo. Esto evidencia una reconversión parcial de viviendas turísticas a uso habitual, aunque aún insuficiente para equilibrar la demanda.
El impacto económico es dual
Por un lado, el turismo urbano pierde flexibilidad operativa. Por otro, se fortalece el sector hotelero y los establecimientos con licencia turística plena. El INE registra un aumento del 9,7 % en pernoctaciones en hoteles de 3 y 4 estrellas en la Comunitat Valenciana desde 2024.
¿Qué pasa con los planes de limpieza de Turisme?
Turisme ha ejecutado tres planes de verificación y prepara un cuarto con 3.400 bajas estimadas. Estos procesos no dependen del registro anulado, sino de la Ley 11/2023 de Turismo de la Comunitat Valenciana, que otorga potestad sancionadora directa a la conselleria.
Datos Clave
- El Registro VUT estatal fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en junio de 2026.
- La Comunidad Valenciana ha eliminado más de 5.000 registros VUT desde 2024.
- Quedan 101.408 VUT activos, frente a los 182.893 del máximo histórico.
- La competencia turística es exclusiva de las comunidades autónomas, según el artículo 148.1.18 de la Constitución.
- Las multas municipales por alquiler turístico ilegal alcanzan hasta 600.000 euros.
¿Qué debe hacer ahora un propietario de VUT?
Revisar su situación ante el ayuntamiento, no ante el Estado. Confirmar que su vivienda cumple con la ordenanza municipal, posee licencia de apertura, y está inscrita en el catastro. Si opera en una zona calificada como de tensión residencial, debe acreditar que no afecta al parque de vivienda protegida. La consellera Marián Cano ha reiterado que el objetivo no es eliminar el alquiler turístico, sino garantizar su sostenibilidad, transparencia y coexistencia con los vecinos.
