El escándalo de Les Naus sacudió la gobernabilidad de la ciudad en 2026. Tras detectarse irregularidades en las adjudicaciones de la cooperativa, el gobierno municipal tardó 12 días en activar un expediente de averiguación. Esa demora, sumada a la falta de transparencia y evasivas reiteradas, ha erosionado la confianza ciudadana y generado presión política, jurídica y económica sin precedentes desde la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía.
¿Por qué tardó 12 días el Ayuntamiento en actuar tras detectar irregularidades en Les Naus?
El 15 de enero de 2026, la jefa de Patrimonio Municipal identificó indicios de desviaciones en los procesos de contratación de Les Naus. No obstante, el expediente formal no se abrió hasta el 27 de enero. Durante ese lapso, no se convocó ninguna reunión de emergencia, no se notificó al Consejo de Transparencia ni se informó al Consejo de Participación Ciudadana.
La edil Nayma Beldjilali justificó la demora alegando que esperaba un informe técnico concreto. Pero ese informe no era requisito legal para iniciar una investigación administrativa. El Reglamento de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige actuación inmediata ante indicios fundados de irregularidad.
El vacío normativo en la gestión de cooperativas municipales
Les Naus opera bajo un régimen híbrido: es una cooperativa de trabajo asociado, pero gestiona un bien patrimonial público. Esa ambigüedad permite eludir controles propios de la contratación pública. No aplica la Ley de Contratos del Sector Público, ni el Código de Buen Gobierno Local, ni los protocolos de prevención de riesgos de corrupción.
¿Qué responsabilidades políticas derivan de la inacción en Les Naus?
El alcalde Luis Barcala asumió la competencia de Patrimonio tras la dimisión de su anterior titular. Eso implica responsabilidad directa sobre la supervisión de entidades gestoras de bienes municipales. Su negativa a detallar cronológicamente sus actuaciones viola el principio de rendición de cuentas, exigido por la Ley de Transparencia Local.
El silencio institucional también tiene coste económico. Las adjudicaciones cuestionadas implican más de 2,3 millones de euros en servicios sociales y mantenimiento. Si se anulan, el Ayuntamiento deberá asumir costes de reposición y posibles sanciones de la Intervención General del Estado.
La brecha entre discurso y práctica en gobernanza abierta
Barcala prometió en febrero de 2026 un modelo de transparencia en tiempo real, con publicación automática de actas y decisiones clave. Sin embargo, los documentos relativos a Les Naus no aparecieron en el Portal de Transparencia hasta el 12 de marzo —más de 50 días después del primer aviso interno.
¿Cómo afecta el caso Les Naus a la confianza ciudadana y a la inversión local?
La percepción de impunidad en la gestión pública desincentiva la participación ciudadana y frena la atracción de fondos europeos. Proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) requieren certificación de buen gobierno. El caso Les Naus ha generado observaciones negativas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La oposición ha presentado una moción de censura parcial, centrada en la destitución del equipo de Patrimonio. Mientras tanto, los vecinos de la zona afectada reportan retrasos en servicios básicos, como limpieza y mantenimiento de espacios comunes.
¿Qué dice la ley sobre la obligación de informar ante indicios de irregularidad?
El artículo 42 de la Ley 40/2015 obliga a los responsables públicos a actuar de oficio ante indicios razonables de infracción. No se exige certeza, sino una valoración objetiva de los hechos. La espera de un informe pericial no suspende esa obligación.
Además, el Reglamento de Transparencia Local exige publicar, en un plazo máximo de 72 horas, cualquier decisión que afecte al interés general cuando implique riesgo reputacional o económico.
Datos Clave
- El plazo de 12 días entre la detección interna y la apertura del expediente supera en 10 días el máximo recomendado por la Comisión de Ética Local.
- Las tres preguntas parlamentarias sobre cronología, reuniones y decisiones recibieron respuestas genéricas: «Ya lo detallé» y «esperaba el informe».
- El caso ha generado dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, una por presunta prevaricación y otra por omisión del deber de información.
- El valor patrimonial de los bienes gestionados por Les Naus supera los 8,7 millones de euros, según el Catastro Municipal 2026.
- El Ayuntamiento no ha publicado ningún plan de recuperación de confianza, pese a haberlo anunciado en su discurso del 5 de febrero.
