Cada año, cientos de menores desaparecen en España sin que haya indicios de secuestro o violencia. Muchos casos, como el de Julija Pogacar, no son de abducción criminal, sino de desaparición familiar no forzada: cuando uno de los progenitores se lleva al niño sin autorización judicial, rompiendo acuerdos de custodia o régimen de visitas. Esto afecta directamente a niños, padres no custodios y al sistema de protección infantil. Es un fenómeno silencioso, pero con consecuencias profundas para el desarrollo emocional del menor y la estabilidad familiar.
La desaparición familiar no forzada no es un simple traslado
No se trata de un cambio de residencia ordinario. Ocurre cuando un progenitor elude decisiones judiciales sobre custodia, visitas o régimen de comunicación. En el caso de Julija, su madre, Melisa Smrekar, se la llevó de Eslovenia el 3 de noviembre de 2021, sin autorización, y desde entonces se mantiene en paradero desconocido —posiblemente en España—. Esto activa mecanismos legales internacionales, como la Convención de La Haya de 1980, que busca la restitución inmediata del menor.
¿Qué la diferencia de una desaparición forzada?
- En la desaparición forzada, hay coacción, amenaza o violencia por terceros.
- En la familiar no forzada, el menor suele estar con un progenitor, pero sin respetar la resolución judicial.
- El riesgo no es físico inmediato, sino psicológico: pérdida de vínculo con el otro padre, interrupción escolar, aislamiento social y desprotección ante abusos no detectados.
España es un destino frecuente por su red de protección y dificultad de rastreo
Según datos del Ministerio del Interior (2025), el 22 % de los casos de desaparición familiar internacional con origen en la UE tienen como destino potencial España. No por casualidad: el país cuenta con una red de servicios sociales consolidada, pero también con lagunas en la coordinación entre comunidades autónomas y en la interoperabilidad de bases de datos policiales y judiciales. Además, la ausencia de un registro nacional unificado de menores desaparecidos dificulta la localización rápida.
¿Qué impulsa estas desapariciones?
- Conflictos post-divorcio con alta carga emocional.
- Desacuerdo sobre vacunación, educación o salud —como sugiere la hipótesis de la secta antivacunas vinculada a Lana Praner.
- Falta de cumplimiento de sentencias por ausencia de sanciones efectivas.
La ley española obliga a actuar, pero no siempre garantiza resultados
Desde 2022, la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia exige que toda desaparición de menor se declare alerta AMBER inmediata si hay riesgo para su integridad. Sin embargo, en casos como el de Julija —donde no hay indicios de peligro físico inminente—, la activación depende de la valoración policial y judicial, lo que puede retrasar la respuesta.
El marco internacional es clave
- La Convención de La Haya obliga a los Estados firmantes (España lo es desde 1999) a restituir al menor en un plazo máximo de seis semanas.
- Pero su aplicación requiere que el progenitor afectado presente una demanda en el país de destino —un proceso lento, costoso y con barreras lingüísticas y legales.
- En la práctica, menos del 40 % de los casos bajo esta convención se resuelven en menos de tres meses, según el Consejo General del Poder Judicial (2025).
Lo esencial en 3 puntos
- La desaparición familiar no forzada es un delito penal en España (artículo 225 del Código Penal) y una violación grave de los derechos del menor, incluso si el niño está con un progenitor.
- El sistema de protección infantil en España carece de un registro unificado y en tiempo real de menores desaparecidos, lo que frena la coordinación entre policía, juzgados y servicios sociales.
- Las cartas como la de Peter Pogacar no son solo gestos emotivos: son herramientas legales y psicológicas que mantienen viva la identidad del menor y refuerzan su derecho a conocer a ambos progenitores, tal como exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
