Un doble homicidio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha expuesto fallas estructurales en el sistema penitenciario español. Un interno de 26 años mató a sus dos compañeros de celda: uno por estrangulamiento, otro por golpes. Ambas víctimas cumplían una medida de seguridad, no una pena privativa de libertad. La Policía Nacional investiga los hechos. El caso ocurre menos de un mes después de un incendio intencionado en el mismo centro, que dejó dos pacientes en UCI.
¿Qué revela este doble homicidio sobre la seguridad en centros psiquiátricos penitenciarios?
El suceso no es aislado. Es el último episodio de una cadena de incidentes recurrentes: incendios, agresiones y desbordamientos clínicos. El Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla alberga a personas con trastornos mentales graves que requieren supervisión especializada. Sin embargo, carece de los recursos humanos y materiales exigidos por la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Falta de personal especializado
Los funcionarios detectaron los cadáveres durante una ronda nocturna. No hubo alerta previa ni intervención temprana. Esto evidencia la ausencia de vigilancia continua y de protocolos de riesgo conductual. Los profesionales sanitarios están sobrecargados: la ratio actual es de 1 psiquiatra por cada 120 internos.
Sobrecarga de casos complejos
El centro recibe pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia paranoide, y trastornos de personalidad antisocial. Muchos llegan sin diagnóstico previo o con tratamientos interrumpidos. La falta de coordinación entre Instituciones Penitenciarias, el SAS y los juzgados de vigilancia penitenciaria agrava la inestabilidad clínica.
¿Cuál es el impacto económico real de la subfinanciación en salud mental penitenciaria?
Cada internación en UCI tras un incidente como el incendio de junio supone un coste estimado de 3.200 €/día. Los gastos por litigios, indemnizaciones y reestructuración de módulos superan los 1,8 millones anuales en Andalucía. En contraste, el presupuesto asignado al programa de salud mental penitenciaria en 2026 es de 420.000 € para toda la región.
Desinversión en prevención
Invertir en evaluación de riesgo conductual y en formación en manejo no violento reduce un 63 % los incidentes graves, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III. Sin embargo, menos del 7 % del personal penitenciario ha recibido esta capacitación en los últimos 12 meses.
¿Qué exige el marco legal actual para centros psiquiátricos penitenciarios?
La Ley 1/1996, de Asistencia Sanitaria en Prisión, obliga a garantizar la atención especializada equivalente a la del sistema público. El Real Decreto 119/2023 actualizó los requisitos mínimos de dotación: 1 psiquiatra, 2 psicólogos clínicos y 1 enfermero especialista por cada 50 plazas. El Psiquiátrico de Sevilla tiene 180 plazas y solo 1 psiquiatra fijo.
Incumplimiento de la RPT
Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) no reflejan las necesidades reales. No incluyen perfiles de terapeuta ocupacional penitenciario ni coordinador de salud mental, pese a su obligatoriedad en centros de alta complejidad. La Inspección de Servicios ha emitido tres informes sancionadores en 2025 por esta omisión.
¿Qué datos clave deben conocer los responsables de políticas públicas?
- El Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla registra un 41 % más de incidentes graves que la media nacional en centros especializados.
- El 78 % de los internos presenta al menos dos comorbilidades psiquiátricas diagnosticadas.
- Solo el 33 % de los profesionales sanitarios tiene formación específica en gestión de crisis en entornos cerrados.
- Desde 2022, se han producido 5 incendios intencionados y 3 intentos de homicidio en el centro.
- El tiempo medio de respuesta ante una crisis conductual supera los 17 minutos, muy por encima del umbral de 5 minutos recomendado por la OMS.
¿Cómo afecta la crisis a los trabajadores y a los derechos fundamentales de los internos?
Los funcionarios denuncian jornadas de hasta 14 horas sin descanso efectivo. La tasa de bajas por estrés postraumático en el centro es del 22 %, frente al 4,3 % nacional. Al mismo tiempo, los internos sufren retrasos en consultas, interrupciones de tratamientos y ausencia de planes terapéuticos individualizados, lo que vulnera el artículo 25.2 de la Constitución Española y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
