Un juez de Alcobendas ha enviado a juicio oral a Ferland Mendy por un ataque de su perro kangal turco, que mordió a un menor de 17 años y causó la muerte de otro perro. El caso activa debates legales, económicos y éticos sobre la custodia de animales potencialmente peligrosos en entornos urbanos.
¿Qué delito se imputa a Ferland Mendy?
El magistrado acordó la apertura de juicio oral por presunto delito de lesiones. No se trata de una infracción administrativa, sino de una acusación penal. La Fiscalía considera que Mendy incumplió su deber de custodia y vigilancia, al no asegurar correctamente la puerta de su finca. Esa omisión permitió que el perro accediera a la vía pública sin control.
El kangal turco es una raza de gran tamaño y fuerza, clasificada como potencialmente peligrosa en muchas comunidades autónomas. Su presencia exige cumplimiento estricto de la Ley 50/1999 de Régimen Jurídico de los Animales Potencialmente Peligrosos, así como de las normativas locales de convivencia urbana.
¿Por qué la fianza de 7.410 euros?
La cuantía refleja la gravedad del hecho: lesiones físicas en una persona menor de edad y la muerte de un animal tras cirugía veterinaria. La fianza no es un castigo, sino una garantía procesal para asegurar la comparecencia del acusado y la eventual ejecución de una sentencia condenatoria.
¿Qué responsabilidad tiene el propietario ante un ataque canino?
La responsabilidad civil objetiva está regulada en el artículo 1905 del Código Civil. El dueño responde de los daños causados por sus animales, aunque no haya negligencia. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía alega negligencia grave: falta de cierre seguro, ausencia de supervisión y exposición de un animal de raza potencialmente peligrosa en zona residencial.
¿Qué implica la raza kangal turco en el proceso?
El kangal turco no está incluido en el listado nacional de razas potencialmente peligrosas, pero sí lo está en varias comunidades autónomas, como Madrid. Su tamaño, fuerza y comportamiento territorial exigen medidas adicionales: licencia especial, seguro de responsabilidad civil obligatorio, correa y bozal en espacios públicos, y formación del propietario.
¿Cuál es el impacto económico real de un ataque canino?
Los costes van mucho más allá de las multas. La acusación particular reclama 22.500 euros, mientras que la Fiscalía pide 5.700 euros de indemnización. Estos montos cubren:
- Cirugía veterinaria de emergencia.
- Tratamiento psicológico para el menor atacado.
- Pérdida de valor económico del perro fallecido.
- Daños morales y días de curación.
En 2025, el coste medio de una demanda por lesiones causadas por perros superó los 12.000 euros en juicios penales con acusación particular, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué pasa con los seguros de responsabilidad civil?
Muchos propietarios asumen que su póliza de hogar cubre estos hechos. No siempre es así. Las coberturas varían: algunas excluyen razas específicas, otras limitan la suma asegurada a 30.000 euros, y otras exigen la acreditación de adiestramiento canino certificado. En este caso, no se ha informado si Mendy contaba con seguro específico para su kangal turco.
¿Qué dice la ley actual sobre perros en fincas privadas?
La Ley de Propiedad Horizontal y las ordenanzas municipales imponen obligaciones claras. Una finca debe garantizar que sus instalaciones eviten riesgos a terceros. Un portón mal cerrado tras la entrada de un vehículo no es un fallo menor: es una falta de mantenimiento preventivo que puede derivar en responsabilidad penal, como en este caso.
Datos Clave
- El ataque ocurrió el 4 de enero de 2023, pero el auto de juicio se emitió en enero de 2026.
- El kangal turco actuó sin supervisión durante un tiempo indeterminado en vía pública.
- Uno de los perros atacados fue sacrificado tras lesiones graves en el lomo.
- La Fiscalía califica la conducta como omisión de normas de precaución exigibles a una persona medianamente diligente.
- La competencia fue trasladada al Juzgado de lo Penal de Madrid, no al de Alcobendas.
La tridimensionalidad del caso es evidente: desde el plano legal, activa la responsabilidad objetiva y la negligencia calificada; desde el económico, revela brechas en la cobertura de seguros y el alto coste de las indemnizaciones; y desde el práctico, exige revisar protocolos de seguridad en residencias de alto perfil, donde la convivencia entre animales de raza potencialmente peligrosa y menores es cada vez más frecuente.
