Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas presidenciales en Lima con un mensaje común: ambos se presentan como la única salida a la crisis institucional que paraliza a Perú desde 2018. No se trata de una disputa ideológica ordinaria. Es una elección que pone a prueba la estabilidad democrática, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar gobernabilidad. El segundo turno se juega en un escenario de alta polarización, recuento electoral prolongado y demandas sociales acumuladas.
¿Qué significa la crisis institucional que ambos candidatos citan?
La crisis institucional peruana no es un fenómeno reciente. Arranca con la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y se profundiza con tres presidentes destituidos entre 2019 y 2022. El Congreso ha sido disuelto dos veces. La Corte Suprema ha enfrentado acusaciones de politización. El Ministerio Público ha sufrido crisis de liderazgo y filtraciones. Todo ello erosionó la separación de poderes.
El costo económico de la inestabilidad
La inestabilidad institucional ha tenido un impacto directo en la inversión extranjera. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la inversión extranjera directa cayó un 22 % entre 2021 y 2025. El Índice de Confianza Empresarial se mantuvo por debajo del umbral óptimo durante 42 meses consecutivos. La incertidumbre jurídica desincentiva proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.
¿Por qué el segundo turno es tan estrecho y simbólico?
Fujimori y Sánchez llegaron al balotaje con una diferencia de menos del 1,2 % tras un escrutinio que duró 28 días. Este retraso no fue técnico: reflejó la debilidad del sistema de fiscalización electoral y la falta de transparencia en la digitalización de actas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentó críticas por su lentitud y opacidad.
El rol de los actores externos
Keiko Fujimori agradeció públicamente el respaldo de Álvaro Vargas Llosa, un gesto simbólico clave. Su padre, Mario Vargas Llosa, fue crítico feroz de Alberto Fujimori. Esa alianza representa un intento de superar viejas fracturas ideológicas. Sánchez, por su parte, evocó a los 2 millones de peruanos caídos de la clase media —un dato verificable en el informe del INEI 2025— y vinculó la pobreza con la mala gestión de los recursos naturales.
¿Qué propuestas concretas ofrecen frente a la desnutrición y la desigualdad?
La desnutrición crónica afecta al 12,7 % de los niños menores de 5 años, según el Minsa 2026. Fujimori propuso un plan de transferencias condicionadas con monitoreo comunitario. Sánchez prometió reformar el sistema de contrataciones del Estado para priorizar compras locales de alimentos. Ambas propuestas requieren reformas legales previas: la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley General de Salud necesitan ajustes urgentes.
El marco legal como obstáculo y herramienta
Ningún candidato puede implementar sus planes sin modificar normas clave. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo limita la facultad reglamentaria presidencial. La Ley de Presupuesto Público exige aprobación parlamentaria para reasignar fondos. Y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sigue siendo poco aplicada en regiones.
¿Qué implica la paridad electoral en un contexto de desconfianza ciudadana?
Un 68 % de los peruanos no confía en el Congreso, según la encuesta de Ipsos Perú (abril 2026). Un 73 % considera que las elecciones no reflejan la voluntad popular. Esa desconfianza explica por qué ambos candidatos enfatizaron la reconciliación y el fin del caos. Pero la paridad no garantiza gobernabilidad: requiere acuerdos transversales que hoy son escasos.
Datos Clave
- La crisis institucional peruana se intensificó tras la destitución de tres presidentes entre 2019 y 2022.
- El escrutinio electoral duró 28 días: el más prolongado desde la reforma del JNE en 2015.
- La desnutrición crónica afecta a 1,1 millones de niños menores de 5 años.
- La inversión extranjera directa cayó un 22 % entre 2021 y 2025.
- El 68 % de los peruanos no confía en el Congreso, según Ipsos Perú (abril 2026).
La elección no decide solo quién gobernará. Decide si el sistema político peruano puede reconstruirse desde sus cimientos. Fujimori representa una apuesta por la estabilidad mediante la fortaleza ejecutiva. Sánchez apuesta por la estabilidad mediante la participación ciudadana. Ambas visiones chocan con una realidad: sin reformas legales profundas, sin transparencia real y sin recuperación de la confianza institucional, ningún gobierno tendrá margen real de acción.
