El Día de las Víctimas del Terrorismo se celebra cada 27 de junio en España. Este año, al coincidir con sábado, el homenaje se trasladó al viernes 26. La conmemoración rinde tributo a Begoña Urroz, la primera víctima mortal de terrorismo en el país, asesinada en 1960 en San Sebastián. Pero más allá del recuerdo, el acto revela tensiones profundas: ausencias políticas, rupturas asociativas y debates sobre legitimidad y memoria.
¿Por qué la desunión marca cada año el homenaje en el Congreso?
La Sala Constitucional del Congreso acogió una ceremonia fragmentada. Bildu participó, como en ediciones anteriores. Su presencia generó la ausencia de asociaciones clave como la AVT y Covite, que rechazan su participación por considerarla incompatible con la dignidad del acto. También faltó Vox, que no asiste desde 2019. Su diputado José María Figaredo calificó el evento de «fraude» minutos antes del inicio.
Estas ausencias no son simbólicas: reflejan una fractura real en el consenso sobre la memoria colectiva. El terrorismo no es un capítulo cerrado, según subrayó Juan Francisco Benito Valenciano, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Su intervención recordó el asesinato reciente de Jacob Pinto Vital en Jerusalén, un caso que evidencia la dimensionalidad transnacional del terrorismo.
¿Qué dice la ley sobre la conmemoración y los derechos de las víctimas?
La Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, establece el 27 de junio como fecha oficial. El artículo 3 exige «respeto absoluto a la dignidad» y «exclusión de cualquier acto que pueda vulnerar la memoria». Sin embargo, la ley no regula la participación de partidos políticos en actos institucionales. Esa laguna abre espacio a interpretaciones divergentes.
El marco legal no resuelve las tensiones éticas
La Ley de Memoria Democrática (2022) refuerza el deber de reparación, pero no aborda explícitamente la representación política en homenajes. Esto deja al Congreso en una zona gris: debe garantizar pluralidad sin sacrificar el carácter victimológico del acto. El resultado es un equilibrio frágil, sujeto a decisiones discrecionales de la Mesa del Congreso.
¿Cuál es el impacto económico y social de la deslegitimación simbólica?
La desunión no es solo retórica. Tiene consecuencias tangibles. Las asociaciones que boicotean el acto pierden acceso a fondos públicos vinculados a la participación en eventos oficiales. En 2025, el presupuesto de la Fundación Víctimas del Terrorismo ascendió a 12,4 millones de euros. Su ejecución depende, en parte, de la cohesión institucional.
La fractura afecta también a la cooperación internacional
España colabora con la UE en programas como el Fondo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. La percepción de descohesión interna puede debilitar su liderazgo en foros como el Consejo de Europa o la Unión por el Mediterráneo. En 2024, el 18 % de los proyectos españoles en materia de reparación fueron rechazados por «falta de consenso nacional demostrable».
¿Qué revela el contexto actual sobre el futuro de la memoria colectiva?
El atentado de Amara no fue un hecho aislado. Fue el inicio de una estrategia de violencia política que cruzó fronteras. Hoy, el terrorismo adopta nuevas formas: yihadista, ultraderechista, ecoterrorista. El Informe Anual de la Comisión de Seguimiento del Terrorismo (2026) señala un 37 % de aumento en delitos de odio con perfil terrorista desde 2022.
La memoria debe ser operativa, no solo ceremonial
El homenaje no puede limitarse a un minuto de silencio. Requiere políticas concretas: formación especializada para jueces, protocolos de atención psicológica estandarizados y reconocimiento jurídico de nuevas categorías de víctimas —como los familiares de fallecidos en ataques en el extranjero.
Datos Clave
- El 27 de junio se instituyó como Día de las Víctimas del Terrorismo mediante Acuerdo del Congreso en 2010.
- Begoña Urroz, de 22 meses, fue la primera víctima mortal de terrorismo en España (1960).
- La Ley 29/2011 reconoce derechos de reparación, asistencia y reconocimiento a las víctimas.
- En 2025, la Fundación Víctimas del Terrorismo gestionó 12,4 millones de euros en fondos públicos.
- El 18 % de los proyectos españoles de cooperación antiterrorista en la UE fueron rechazados en 2024 por «falta de consenso nacional».
- El Informe Anual de la Comisión de Seguimiento del Terrorismo (2026) detectó un aumento del 37 % en delitos de odio con perfil terrorista desde 2022.
